La Armada capturó 52 piratas somalíes mientras dirigió la Operación Atalanta

Las unidades de la Armada y el Ejército del Aire que formaron parte de la Operación Atalanta, la misión aeronaval europea que lucha contra la piratería en aguas somalíes, arrestaron a 52 piratas y colaboraron en la detención de otros 20 durante los cuatro meses que España estuvo al mando del despliegue militar. De abril a junio, la Armada lidió con un repunte de los ataques de los forajidos, pero desde julio, con la llegada de los monzones en la zona, los asaltos disminuyeron.

El fin del mandato español coincide con la segunda rotación de los efectivos desplazados al golfo de Adén. El pasado lunes, la fragata Canarias partió de la base naval de Rota (Cádiz) con destino a Yibuti, centro de operaciones de la misión. Sustituirá a la fragata Numancia y al buque petrolero Marqués de la Ensenada, que desde abril ha dado apoyo logístico a los navíos comunitarios.

Sólo permanecerá en aguas somalíes el avión de P-3 Orión de patrulla marítima, que, entre otras funciones, da cobertura a la flota pesquera española. Con base en Yibuti, dos veces al mes viaja al puerto keniano de Mombasa para contactar con la veintena de atuneros que faenan en esas aguas, los que también han sufrido la inseguridad provocada por la piratería.

Presión

El comandante de la fuerza, el capitán de navío Juan Garat Caramé, señaló ayer en RNE que la situación está «más tranquila» que cuando España tomó el mando. Pese a todo, advirtió que la presión sigue siendo «bastante grande» y contó que hasta el momento las tropas no habían sido contraatacadas con fuego cuando han tenido que intervenir para prevenir un secuestro.

España cederá hoy a Holanda el mandato de la misión comunitaria, en la que participan una decena de países con una flota de diez fragatas y varios aviones de patrulla marítima. El pasado junio, los ministros de Exteriores de la UE acordaron ampliar un año la operación, hasta diciembre de 2010, después de constatar la respuesta eficaz que ha tenido la misión.

Una de las intervenciones más delicadas se produjo en mayo con la detención de 14 bucaneros, lo que provocó un conflicto entre la Audiencia Nacional y el Gobierno. El juez Fernando Andreu pidió su traslado a España, pero al final fueron llevados a Kenia en cumplimiento de un convenio jurídico.