Detienen a un vecino de Arcos que vendía ilegalmente anabolizantes

De nuevo un protagonista gaditano vinculado a una operación antidroga. En esta ocasión ha sido un vecino de Arcos el que está implicado en una red de la que la Guardia Civil ha tirado del hilo. Este cuerpo ha desmantelado una organización que vendía ilegalmente anabolizantes, fármacos y esteroides utilizados en el ámbito del entrenamiento deportivo y del culturismo. La operación W, que sigue abierta, ha permitido la detención de siete personas en Toledo, Madrid y Cádiz, a quienes se han decomisado 2.500 dosis de estos productos que no habían pasado por controles sanitarios.

El cabecilla de la banda era un hombre de 38 años que trabajaba como preparador físico en un gimnasio de Valmojado (Toledo) y que cobraba entre 400 y 1.200 euros, a quienes vendía estos fármacos y anabolizantes en el propio gimnasio.

El jefe de esta red también suministraba estas sustancias desde su domicilio en Ventas de Retamosa (Toledo) junto a su esposa, de 37 años, que ha sido detenida, a clientes de otras provincias utilizando para ello una empresa de paquetería. Los otros cinco apresados son tres hombres de 29, 35 y 37 años, vecinos de las localidades madrileñas de Parla, Móstoles y Alcorcón, respectivamente; un varón de 33 años domiciliado en Arcos de la Frontera y un hombre de 30 años de Villamanta (Madrid).

Los cinco se dedicaban a captar nuevos clientes y a revender los esteroides y hormonas que mezclaban con otras sustancias para aumentar y acelerar el crecimiento muscular.

Recetas falsas

El cabecilla de la red conseguía estas sustancias presentando recetas falsas en farmacias de la provincia de Toledo y la Comunidad de Madrid y a través de un suministrador portugués que le enviaba los productos por correo. La operación W se inició el pasado mes de abril cuando el responsable de una farmacia de Navalcarnero (Madrid) denunció la compra de una importante cantidad de fármacos que tenía en su establecimiento con recetas falsas.

Los siete detenidos están acusados de los presuntos delitos de falsificación documental y contra la salud pública. Según la Guardia Civil, con esta operación se ha erradicado un importante punto de distribución de sustancias que pueden resultar nocivas para la salud si se toman sin control.