Uno de los imputados, a la salida del calabozo. / ÓSCAR CHAMORRO
SAN FERNANDO

La investigación sobre el desfalco está paralizada y los imputados sabrán en un mes si son readmitidos

Los empleados llevaron su petición a los juzgados de la ciudad para obligar al Ayuntamiento a que les devuelva sus puestos

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El presunto robo de 7,9 millones de euros de la Caja municipal del Ayuntamiento de San Fernando sigue cubierto bajo el manto del secreto de sumario decretado por la jueza encarga del caso. Mientras las investigaciones siguen sin salir a la luz pública, los dos únicos imputados, Clemente Ruiz y María José Lebreros, ambos funcionarios de la Administración local, han iniciado los trámites pertinentes para regresar a sus puestos de trabajo. Sin embargo, tendrán que esperar hasta el mes de septiembre para comenzar a ver los frutos de este nuevo proceso legal, iniciado el pasado julio, por considerar que «no existen suficientes pruebas contra ellos para estar suspendidos de empleo y suelo». De hecho, se barajaba la primera semana de agosto para que los dos funcionarios acusados realizasen sus exposiciones de argumentación en la vista preliminar. Pasado ya este plazo, los abogados defensores de los imputados explicaron que «es muy probable que la vista oral ya no se realice hasta el mes de septiembre».

Los dos funcionarios tendrán que seguir esperando para conocer la respuesta de la jueza a su petición de regreso al trabajo. «No han recibido el mismo trato que el resto de trabajadores», señalaron sus abogados.

También habrá que seguir esperando para comprobar si el secreto de sumario vuelve a prorrogarse un mes más, después de que los abogados recibieran una notificación a mediados del mes de julio.

Por otro lado, el movimiento vecinal que se ha organizado para protestar por el robo aseguró que «tenemos más acciones programas que llevaremos a cabo este mes para exigir responsabilidades políticas y la ruptura del pacto PA-PP», explicó el portavoz de la plataforma de ciudadanos. Así, en estos días repartirán folletos por la playa del Castillo explicando la postura del colectivo, a la vez que planean incluso, contratar una avioneta para que el mensaje sea visto por el mayor número de ciudadanos posibles. En septiembre, aseguran, la acciones serán más contundentes.