5.000 millones para salvar 400.000 empleos

Hay que mantener el empleo a toda costa. Es la premisa que los ayuntamientos han trasladado al Gobierno en las reuniones para preparar la reedición del Fondo Estatal de Inversión Local, la medida estrella del plan anticrisis de José Luis Rodríguez Zapatero, que expirará a finales de año tras repartir entre los consistorios 8.000 millones de euros para obra pública y que tendrá continuidad en 2010 con otros 5.000 millones.

Más que los proyectos, la prioridad de los municipios es conservar la mayor parte de los 400.000 empleos creados en 2009 por el primer fondo para evitar una crecida repentina del paro. Los ayuntamientos y las diputaciones presionan al Gobierno para que acelere su tramitación, a fin de que los trabajos puedan empezar el 1 de enero de 2010.

El objetivo, según el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, es que la menor cantidad de trabajadores contratados gracias al fondo de 8.000 millones se queden en la calle a finales de año. «Queremos unir el cierre del fondo de los 8.000 millones con el comienzo del fondo de 5.000. Así habrá una continuidad y no veremos un bajón en el empleo», señaló.

En su última reunión con el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, el pasado 28 de julio, Castro pidió que el Gobierno apruebe cuanto antes el real decreto ley que regulará la iniciativa, a poder ser en el primer Consejo de Ministros de septiembre, y que establezca octubre, noviembre y diciembre como plazo para presentar y adjudicar proyectos. Sólo así, estarán listos a primeros de año para ser ejecutados.

El Gobierno avanzó los primeros detalles el pasado 2 de junio por boca del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, en un acto en Cádiz con agentes sociales en el que ya apuntó algunas diferencias entre este segundo fondo y el primero. Días después, el 25 de junio y ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, Chaves especificó que el dinero deberá ir destinado a proyectos relacionados con el desarrollo del nuevo modelo económico 'verde', a la implantación en los municipios de las nuevas tecnologías y a inversiones en «centros sociales vinculados a la dependencia». El responsable de Política Territorial citó entonces «octubre» como el mes de probable aprobación del decreto ley.

Entre el conjunto de peticiones al Gobierno aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la FEMP en su última reunión para tratar el asunto, destaca una muy novedosa. Los ayuntamientos quieren que una parte importante, pero aún sin concretar, de los 5.000 millones puedan ir destinados a contratación de personal para emplearlo en políticas sociales, sobre todo en dar cumplimiento a la Ley de Dependencia.

Trabajadores sociales

Se trata, según explicó Pedro Castro, de abrir más el abanico de trabajadores beneficiados por el fondo, hasta ahora muy vinculados al sector de la construcción, y de emplear, de forma directa o a través de empresas, a asistentes sociales, técnicos de ayuda a domicilio y personal para labores de teleasistencia. El secretario de Estado Gaspar Zarrías no ha contestado aún a esa demanda, pero ha prometido estudiarla.

La FEMP da por bueno que el nuevo fondo mantenga el criterio de población a la hora de repartir las partidas, pero pide que éstas computen tanto los costos de los proyectos como de la dirección de obra. También solicita que se permita a algunos municipios, los más pequeños y con menor número de habitantes y medios técnicos, encomendar la presentación de sus proyectos a las diputaciones provinciales. Quiere que se fomente la presentación de proyectos mancomunados, e insiste en la necesidad de que el Gobierno ponga a disposición de los consistorios un listado de los proyectos que encajarían dentro de las tres categorías que serán preferenciales. La federación de municipios también trabaja en uno propio.

A falta de conocer sólo los plazos de aplicación del segundo Fondo Estatal de Inversión Local, Pedro Castro expresó su «confianza» en que con estos 5.000 millones adicionales «vamos a conseguir casi el mismo empleo que con los 8.000 del año pasado». El motivo, puntualizó, es que se aplicará en el último año de legislatura municipal, que es «cuando los alcaldes queremos dar el último tirón a las obras» que los vecinos deben ver realizadas antes de las elecciones.

Castro añadió que es posible que a los 5.000 millones del Gobierno los consistorios añadan «otros 3.000 de inversión propia», con lo que el monto total sería el mismo. Por último, la FEMP destaca que muchas obras realizadas en 2009 han servido para crear empleo indefinido, pues la construcción de un polideportivo o una piscina o un jardín públicos acarrean la necesidad de contratar a personal que, en adelante, gestione y mantenga esas infraestructuras.