El juez interroga a los detenidos en la 'operación Espada'

El juez de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, comenzó ayer a tomar declaración a los cinco detenidos el miércoles en la operación Espada, que desde agosto de 2008 investiga un posible desvío de 13,3 millones de euros en la construción del velódromo Palma Arena.

El primero en comparecer ante el instructor y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán fue Miguel Romero, director de la agencia de Comunicación Mimbus. El detenido declaró durante más de cuatro horas. El siguiente en ser llamado fue el ex gerente del pabellón deportivo Jorge Moises, que estuvo en el Juzgado unas tres horas. Sobre las 19.10 horas fue llamado a declarar el ex director general de Deportes balear y campeón olímpico, José Luis Pepote Ballester, cuya declaración superó las cuatro horas.

Tras el campeón olímpico pasó a declarar el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán. Al cierre de esta edición quedaría por declarar el director de obras de la unión temporal de empresas que construyó el pabellón, Miguel Ángel Rodríguez.

Fuentes judiciales explicaron que el instructor pretendía concluir durante la madrugada los interrogatorios. Al parecer el juez habría tenido en cuenta la petición de los letrados defensores, con el fin de evitar la posible medida cautelar de decretar el ingreso en prisión provisional de sus respectivos clientes hasta que concluya la ronda de interrogatorios.

Las mismas fuentes consultadas explicaron que en caso de que no hubieran finalizado las declaraciones, el juez debería celebrar una vistilla en la que participarían los fiscales. así como los respectivos abogados defensores.

De este modo, el juez podría tomar la decisión, en caso de que considerase que alguno de los imputados en esta causa podría tener riesgo de fuga o de destruir o manipular las pruebas, teniendo en cuenta que aún no habrían finalizado todas las declaraciones y, por tanto, los interrogatorios deberían postergarse hasta hoy o mañana lunes.

Esta medida cautelar se llevaría a cabo debido a que ya se han agotado el plazo máximo de 72 horas en las que una persona puede permanecer arrestada por la polícia antes de pasar a disposición judicial.