Chávez renuncia a la ley que pretendía amordazar a los medios de comunicación

Las protestas contra una propuesta de ley sobre delitos mediáticos, sumadas a otras por el cierre de 32 emisoras de radio, han alcanzado tal temperatura en Venezuela que el presidente, Hugo Chávez, ha optado por enterrar la iniciativa. La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, afirmó ayer que el proyecto de la fiscal general, Luisa Ortega, «no tuvo consenso y no es un proyecto de ley que esté en nuestra agenda legislativa».

Flores agregó que no era necesaria esa nueva ley, porque muchos de los aspectos que planteaba la propuesta están contemplados en el Código Penal, como la injuria y la calumnia. Y acotó que «ya esa norma existe. No es que nosotros estábamos inventando o que la fiscal estaba inventando el agua tibia. Ya existen regulaciones». El nuevo texto preveía penas de hasta cuatro años de cárcel por publicar «información falsa, manipulada o tergiversada que cause perjuicio a los intereses del Estado o atente contra la moral pública o la salud mental».

Según el diario 'El Nacional' la orden de que la tramitación «debía detenerse y el tema desaparecer ante la opinión pública» salió de una reunión de urgencia en el palacio presidencial. Al parecer, según fuentes del rotativo, la fiscal «no consultó a nadie ni midió el efecto» de su proyecto legislativo.

De todas formas, el Parlamento, mayoritariamente chavista, si dio el visto bueno a la Ley de Educación y en ella se incluye un artículo que contempla la «suspensión inmediata de actividades o publicaciones que produzcan terror en los niños o incitan al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano».