Zapatero desdeña las denuncias del PP y pide «responsabilidad» a la oposición

Ni siquiera mostró indignación. José Luis Rodríguez Zapatero simplemente desdeñó la denuncia que este jueves vertió María Dolores de Cospedal contra su Gobierno por haber creado, supuestamente, un «Estado policial» desde el que espía e intenta laminar al primer partido de la oposición. El jefe del Ejecutivo, de vacaciones en Lanzarote, evitó alimentar el fuego y se limitó a pedir a los dirigentes conservadores «sentido de la responsabilidad» en sus declaraciones. «Saben que, afortunadamente, tenemos una justicia que funciona conforme a los criterios del Estado de derecho; deseo quedarme ahí», zanjó.

Aunque no siempre le hacen caso, Rodríguez Zapatero ha pedido a los dirigentes de su partido que procuren no hacer el juego al PP en todo aquello que tenga que ver con el 'caso Gürtel'. A su juicio, la corrupción pasa factura a toda la clase política, no sólo a sus responsables directos. Y no está el PSOE para crear más desafección cuando tiene que lidiar con cuatro millones de parados. De ahí que la respuesta de los socialistas a la acusación de la secretaria general del PP fuera muy medida.

Fueron pocos quienes hablaron: la secretaria de política Internacional del partido, Elena Valenciano; el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y algunos dirigentes regionales. En todos los casos, el mensaje fue similar. Desde el Gobierno se reclamó a Cospedal que denuncie ante el juzgado las escuchas ilegales que dice conocer, y desde el partido se le instó a que en caso contrario abandone la vida política.

Los populares, sin embargo, no dan su brazo a torcer. Ni concretaron la acusación genérica de su jefa de filas, ni la suavizaron. El portavoz de guardia, el coordinador económico Cristóbal Montoro, retó incluso al Ejecutivo a que demuestre su falsedad si puede.

El PP pretende que las pruebas de que se ha perseguido a sus dirigentes y se les ha sometido a escuchas telefónicas ilegales aun sin estar relacionados con el 'caso Gürtel' están en una denuncia presentada el pasado 24 de julio ante los juzgados ordinarios de Madrid.

Aquel escrito, sin embargo, se limitaba a pedir la investigación de dos unidades policiales desde las que el PP supone que se han filtrado datos secretos del 'caso Gürtel' a la prensa.

El PP pedía además el interrogatorio del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho; del comisario José Luis Olivera, y de todos los policías, oficiales e inspectores que hubieran participado en las intervenciones telefónicas publicadas. Y apuntaba la sospecha de que alguno de esos 'pinchazos' fuera ilegal.

Filtraciones

Entre las informaciones que despertaron la indignación de la formación que lidera Mariano Rajoy se encuentra una conversación de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', en la que afirma haber hecho regalos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que hasta ahora ha permanecido ajena al proceso judicial. Pero, sobre todo, inquieta que un inspector de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales llamara el pasado 5 de marzo al móvil privado de Francisco Camps para anunciarle que le remitiría un auto del juez Baltasar Garzón.

Y también preocupa que un medio de comunicación publicara el pasado fin de semana que Federico Trillo, responsable de la estrategia jurídica del PP, había intentado convencer al magistrado valenciano Juan Montero, firmante del voto particular contrario al archivo del 'caso Camps', de que sobreseyera la causa.

El ex ministro de Defensa, así como la propia Cospedal, serían dos de las víctimas de los 'pinchazos' ilegales que la dirección del PP cree sufrir, según explicaron ayer fuentes del partido.

Algunos dirigentes populares intentaron ponerse de perfil y respaldar las críticas al Ejecutivo sólo a medias. Fue el caso de la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, y del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que apelaron a la formación de Cospedal, abogada del Estado y en su día alta funcionaria del Ministerio del Interior, para dar por veraces sus acusaciones.

Lo que sí dio por bueno el presidente gallego es que la Fiscalía General del Estado otorga un trato desigual a las dos principales formaciones de ámbito nacional en un intento de beneficiar al PSOE y de «demonizar» al PP. Eso, afirmó, es un hecho «incuestionable».

En el PP siempre ha habido un cierre de filas en torno a esta cuestión. Cuando el pasado 20 de julio el Comité de Dirección del partido abogó por llevar al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa su denuncia sobre la existencia una campaña de desprestigio para anular desde el Gobierno a la oposición, el acuerdo fue general. Pero las acusaciones nunca habían sido tan incendiarias como las que esta semana lanzó la secretaria general.