Las acusaciones de Cospedal provocan malestar en los jueces

Las acusaciones que Dolores de Cospedal dirigió el jueves contra el Gobierno, someter a espionaje ilegal a varios dirigentes de su partido, incluyeron un velado reproche a la judicatura, a la que hizo corresponsable de la situación, lo que ha generado un fuerte malestar en la carrera, cuyos portavoces dedicaron ayer gruesas palabras a la secretaria general del PP, a la que emplazaron a poner sus sospechas en manos de la Justicia. Así lo hizo el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, antes de participar en un seminario organizado por la Universidad Complutense de Madrid.

«Yo respondo por todos los jueces de España que actúan de forma legal, y las escuchas telefónicas que se puedan haber efectuado desde el punto de vista judicial siempre son bajo el control de los jueces y magistrados españoles», afirmó.

«Cualquier duda que exista, considero que debería de ponerse en manos de la Justicia española», indicó De Rosa, que abogó por aprovechar agosto «para tranquilizarnos», y pidió a los dos principales partidos que se sienten a dialogar y cierren acuerdos para mejorar la dotación presupuestaria de la Justicia, «no para utilizarla como moneda de cambio echándola unos sobre otros».

Los portavoces de las asociaciones judiciales fueron menos diplomáticos. Antonio García, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), recordó que la denuncia de Cospedal, una especie de 'watergate' del que serían víctimas importantes dirigentes del PP, es de una «extraordinaria gravedad», por lo que debe ponerla «ante un juez de instrucción, la propia fiscalía o al funcionario policial más próximo para que se investiguen y esclarezcan de manera inmediata».

«No basta con lanzar al viento denuncias de naturaleza puramente genérica cuando del propio contenido de las manifestaciones puede deducirse que se conocen circunstancias concretas y específicas que pudieran apuntar a la comisión de un delito», añadió García, que insistió en que la dirigente popular tiene que poner toda la información en su poder a disposición de los tribunales «para que éstos esclarezcan un delito de una gravedad inusitada».

Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), se confesó «perplejo» por las palabras de la dirigente del PP, porque «son muy perturbadoras para nuestro sistema democrático, ya que deslegitiman uno de sus pilares básicos «sin ofrecer un sólo dato, una sola prueba», lo que «hace un flaco favor a la democracia».

El portavoz de Francisco de Vitoria (FV), Marcelino Sexmero, calificó de «torticeras y mendaces» las acusaciones de Cospedal y replicó que «es falso que (los jueces) estamos al servicio del Gobierno».

«O aclara esas declaraciones o que las desmienta, de lo contrario sus palabras pueden ser objeto de una querella al tratarse de una calumnia», añadió el magistrado.

«Lo que no puede hacer un responsable político es soltar unos hechos criminales que suponen una calumnia sin presentar pruebas en los juzgados y tribunales correspondientes», concluyó el portavoz de FV.