El ataque del Gobierno venezolano a los medios de comunicación

En la última semana los venezolanos han tenido que enfrentarse a una nueva propuesta de ley de Delitos Mediáticos que -según advierte la prensa local- busca “coartar” la libertad de información. Asimismo, han visto cómo el Gobierno cesaba la concesión a 34 emisoras de radio y además han presenciado nuevamente el ataque a la televisión de información contraria al Gobierno, Globovisión.

La Ley Especial de Delitos Mediáticos presentada por la fiscal general Luisa Ortega Díaz fue rechazada por la presidenta del parlamento Cilia Flores y otros diputados, quienes tras aplaudir la idea han salido al paso ante las denuncias de numerosos organismos, como la OEA, la ONU y la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Flores ha advertido de que el país ya cuenta con leyes para regular los posibles delitos que se pueden cometer en el ejercicio del periodismo, entre las que destacan la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que regula las conductas y procedimientos de los medios, y el Código Penal, en donde se estipulan sanciones para delitos de difamación, injuria y calumnia.

Ataque a Globovisión

El último episodio violento que ha sufrido el canal Globovisión se diferencia de otros porque el mismo Chávez ha condenado los actos, llevados a cabo de la mano de Lina Ron, admiradora y seguidora del presidente desde el inicio, y que lo ha acompañado en el “proceso revolucionario” aportándole votos en cada elección a través de su partido, UPV.

“Ella (Ron) se presentó... y está detenida”, advertía Chávez. “La compañera Lina Ron le hace daño a la revolución. Está detenida, no hay más alternativa, violó la ley (...) en un acto que es deplorable y contrarrevolucionario y le da armas al enemigo para que más me ataquen a mí”, añadía el presidente en Caracas, al referirse al episodio de asalto que incluyó el lanzamiento de dos bombas lacrimógenas que dejaron a un trabajador de la emisora con quemaduras y a una agente de la Policía Metropolitana golpeada en la cabeza.

Con todo, Globovisión sigue estando en el punto de mira del Gobierno, que a través de varios procesos judiciales intenta sentenciar un golpe al canal de tendencia opositora, único en su estilo en el país, y que, a pesar de sólo ser visto en dos canales a través de señal abierta, mantiene miles de seguidores a través del satélite.

De concretarse el cierre de Globovisión, ésta sería la segunda planta de televisión adversa al Gobierno que debería salir del aire. Hace dos años el canal más visto y antiguo del país, Radio Caracas Televisión (RCTV) salió de su frecuencia libre debido a que no negoció su posición editorial con el régimen de Chávez.

Cierre de emisoras de radio

El cierre de las 34 emisoras de radio en el primer fin de semana de agosto, cuando cientos de venezolanos se movilizan por el inicio del verano, ha enlutado nuevamente las calles de Caracas, en donde cientos de personas se manifestaron en contra de las medidas. Según ha explicado el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el gobierno esgrime que las concesiones de esas estaciones no pueden ser heredades, y que al morir la persona a la que fue entregada ésta debe pasar nuevamente a disposición del Estado.

Los medios consideran que la medida es absurda, que no estaba contemplada en la antigua ley de Telecomunicaciones, y que la actual no precisa nada en su texto. Argumentan además, que de haber estado trabajando en la ilegalidad, no habrían podido pagar impuestos, solicitar movilización de antenas o mudanzas, ni recibir sanciones en caso de que incumplieran alguna otra ley.

Dentro de las emisoras cerradas se encuentra el circuito CNB, en donde se mantenían programas de altísima audiencia contrarios al gobierno, entre los que destacaba Aló Ciudadano, programa de televisión de Globovisión que retransmitía la cadena. El CNP ha denunciado además que el gobierno plantea el cierre de un total de 207 estaciones de radio y que este fin de semana podría continuar con otras 50.