México entrega a un etarra acusado de seis asesinatos

Las autoridades mexicanas entregaron ayer a la Policía Nacional al presunto miembro de ETA Juan Manuel Inciarte Gallardo, uno de los miembros más sanguinarios del comando Vizcaya durante los 'años de plomo' de la banda, la década de los ochenta. La Audiencia Nacional le acusa de asesinar a tres policías, dos guardias civiles y una mujer embarazada, esposa de uno de los agentes, entre 1983 y 1985.

La detención se produjo a primera hora de la mañana en el aeropuerto de Barajas. Horas después, el juez Baltasar Garzón decretó su ingreso en prisión a instancias del fiscal.

Inciarte Gallardo, Buto y Jeremías, llevaba fugado 23 años a caballo entre Nicaragua, Cuba y México. Una "denuncia anónima", según la versión oficial, permitió localizar su paradero en la localidad de Naucalpan, en el estado de México, tras alertar de la presencia irregular de un ciudadano español que carecía de los papeles de residencia. Las autoridades aztecas procedieron a su detención y posterior expulsión, y lo enviaron en un avión a Madrid donde la policía española aguardaba su aterrizaje para arrestarlo.

Nacido en San Sebastián en 1954, sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura dictada el 30 de julio de 1991 por el Juzgado Central de Instrucción 5, cuyo titular ya era Garzón, quien ayer le tomó declaración y le comunicó las causas pendientes por las cuales ingreso en prisión. Además de los seis presuntos asesinatos, se le imputan dos atentados perpetrados contra una comisaría en Bilbao y una casa cuartel en Vizcaya.

Salto criminal

El salto criminal de 'Buto' comenzó en el barrio bilbaíno de Santuchu. Junto al resto del 'comando Vizcaya', el 4 de mayo de 1983 dispararon a quemarropa a dos policías nacionales, el teniente Julio Segarra Blanco y el cabo Pedro Barquero Gonzalez, y a la esposa de éste, Maria Dolores Leto García, que estaba encinta. Los asesinatos se produjeron en un garaje particular tras el intento fallido de secuestro del teniente.

Dos meses después, el detenido salió de su guarida en Francia para asesinar al guardia civil Antonio Torrón Santamaría en Portugalete (Vizcaya), y semanas más tarde dejó tres heridos graves, entre ellos una niña de nueve años, tras atacar la sede del instituto armado de Las Arenas (Vizcaya) con varias granadas.

En plena escalada sanguinaria, participó en mayo de 1985 en el tiroteo del inspector de policía Moisés Herrero Luengo, en Algorta (Vizcaya), cuando regresaba de comprar el periódico con su hijo de tres años. El menor vagó perdido durante horas y sólo acertaba a repetir: «Han matado a mi papá».

En junio, Buto cerró su senda asesina tras acabar supuestamente con la vida del guardia civil Eugenio Recio García en Santurce. En 1986 se trasladó a Nicaragua por órdenes de la dirección de ETA, donde cambió de identidad y trabajó para los servicios secretos sandinistas hasta que estos abandonaron el poder en 1990. La presión policial le hizo salir del tres años más tarde con destino a Cuba y, desde 1996, la policía lo ubicaba en México.

La detención de Inciarte Gallardo se encuadra en los últimos acuerdos de colaboración judicial firmados por México y España para los casos de terrorismo. En febrero de 2008, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se desplazó a México para formalizar los tratados que facilitaban y agilizaban los trámites para arrestos y entregas de etarras reclamados en el tribunal central español por crímenes cometidos en los años ochenta y noventa.

La estrategia consiste en capturar a los prófugos antes de que sus delitos prescriban y evitar que ETA les saque de su exilio y los utilice, dado su déficit de terroristas experimentados, para reconstruir la dirección, infraestructura y comandos de la banda. En México podrían residir más de 20 terroristas con causas pendientes, el segundo país tras Francia.