El PP acusa al Gobierno de espionaje ilegal a dirigentes del partido

La secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, denunció ayer que a su partido le consta que se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que «no tienen nada que ver con los sumarios» en los que se ah visto implicado su partido en los últimos meses, y que entre los espiados están destacados dirigentes populares.

En una entrevista a Efe, Cospedal reafirmó las declaraciones que hizo hace dos días en un vídeo de su propio partido, cuando pidió al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP, y lamentó además que España viva ahora «un Estado policial» como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía.

La dirigente popular no dudó en responsabilizar al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero de «perseguir a la oposición», algo que criticó por ser «propio de un sistema antidemocrático».

«Esto es lo que practica el Gobierno aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo a la democracia», aseguró acto seguido.

La número dos del PP insistió en que «se están produciendo escuchas telefónicas de personas que no tienen nada que ver con algún sumario, y se hacen de manera ilegal, nos consta», y añadió que hay altos dirigentes nacionales del PP cuyo teléfono ha sido «pinchado».

Es un «Estado policial» porque, a su juicio, el Gobierno a «utiliza a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia» en esa estrategia.

De Cospedal advirtió de que tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Gobierno «intentan corromper a las instituciones de la democracia».

Según su versión, «los fiscales están muy molestos con la actuación del Gobierno» en la instrucción del caso Gürtel, malestar que considera acrecentado después de que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunciase desde Costa Rica que el ministerio público recurriría el auto que archiva la causa contra Francisco Camps.

«La Fiscalía está para perseguir a los delincuentes, los delitos y a los etarras, y no para perseguir o aniquilar a la oposición como pretende el PSOE», apostilló.

Cospedal no se retractó de sus palabras grabadas hace dos días pese a las críticas que ha recibido desde las filas socialistas. En su opinión, a los ciudadanos les gustaría ver a la Fiscalía «persiguiendo a ETA en muchas ocasiones» y, en cambio lo que han presenciado es cómo Fernández de la Vega daba instrucciones al ministerio fiscal para perseguir al presidente valenciano.

El PP seguirá denunciando «la utilización del Gobierno de Zapatero de todas las instituciones» y las filtraciones de las actuaciones policiales por parte de los mandos políticos del Ministerio de Interior o de la Fiscalía.

Denuncia o retractación

Las acusaciones de la secretaria general del PP recibieron rápida réplica de la vicepresidenta primera del Gobierno, que desde Asunción (Paraguay), donde se encuentra en viaje oficial, instó a Cospedal a acudir a los tribunales si cree que se está cometiendo algún delito o a retractarse, porque está «despreciando» el trabajo de policías, jueces y fiscales.

En rueda de prensa en la capital paraguaya, Fernández de la Vega, defendió que «vivimos en un Estado de derecho que hemos construido entre todos con mucho esfuerzo para que ahora, por intereses particulares, venga el PP a lanzar sombras de sospechas sobre nuestro Estado de derecho».

A juicio de la vicepresidenta primera, la «escalada verbal» de los dirigentes del principal partido de la oposición en los últimos días evidencia su «nerviosismo», por lo que les instó a tranquilizarse y a actuar con más responsabilidad porque «no hay conspiraciones contra ellos», sino el funcionamiento normal de las instituciones.

La Fiscalía Anticorrupción está actuando y, según Fernández de la Vega, hay que esperar «a lo que determine la justicia», y respetar la actuación del ministerio fiscal y los jueces, sus tiempos y sus decisiones.

«Si hay indicios de un delito se investiga, se produzca donde se produzca, en Madrid, en Valencia o en Palma, y afecte al partido que afecte», recalcó.

Fernández de la Vega fue preguntada también por la decisión del PP valenciano de estudiar la posibilidad de que las Cortes autonómicas pidan su dimisión como vicepresidenta por su «terrible injerencia» en las competencias del Ministerio Fiscal y en el recurso de este organismo en el 'caso Gürtel'.

Tras señalar que los populares «son muy libres de decir lo que consideren oportuno», garantizó que ella siempre ha sido y seguirá siendo «extraordinariamente respetuosa» con los asuntos que están en los tribunales y que han afectado o afectan al presidente valenciano.

En la misma línea que la vicepresidenta primera, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) también reclamó a la secretaria general del PP que acuda a un juzgado a denunciar las supuestas escuchas ilegales a miembros de su partido si tiene pruebas para hacerlo.

El secretario general del sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, avanzó que «si hay pruebas de lo denunciado, el SUP apoyará esa denuncia», «muy dura» como para no sustentarse en datos sólidos.