El PP se siente víctima de una «cacería» de la que responsabiliza al Gobierno

El PP aprovechó ayer el respiro que el lunes le proporcionó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia para lanzarse sin demora a la ofensiva. En menos de 24 horas, el principal partido de la oposición exigió la comparecencia urgente del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el Congreso, y anunció que reclamará la de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el Senado. Ambos son, según alegan, protagonistas principales en la supuesta «cacería» organizada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para aniquilar toda alternativa política.

No fue una, sino varias las voces que a lo largo de toda la jornada repiquetearon el mismo mensaje en distintos frentes; desde la secretaria general de la formación, María Dolores Cospedal, en un vídeo grabado en su lugar de veraneo, hasta el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Arturo García Tizón, pasando por el vicepresidente de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla.

Todos alimentaron la idea de que la investigación judicial abierta en su día por Baltasar Garzón, y hoy en manos del Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Madrid y Valencia, no es más que una conspiración sin sustancia.

De momento, los populares sólo cuentan con una victoria en su haber, tras varios meses en los que la instrucción no hizo más que situar al partido en una posición comprometida. Pero el sobreseimiento de la causa contra el presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana, principal báculo autonómico de Mariano Rajoy, ha llegado en un momento propicio porque durante agosto los tribunales descansan y hasta septiembre no habrá grandes novedades, así que tienen la ocasión de insistir en que son objeto de una burda «persecución política», una afirmación que ya les fue eficaz en el pasado: con ella, y la ayuda de unas polémicas fotografías, se cobraron en marzo la cabeza del ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Esta vez no hay imágenes que alienten el relato de una confabulación político-judicial. No obstante, el hecho de que fuera la vicepresidenta primera del Ejecutivo quien, desde Costa Rica, anunciara el recurso de la Fiscalía contra el auto del tribunal valenciano fue recibido como una prueba de cargo contra su inocencia. Cospedal llegó a afirmar que la democracia está en un «serio peligro» con Rodríguez Zapatero porque se están utilizando «todas las instituciones del Estado para hacer política partidista en lugar de para garantizar la libertad de todos los españoles».

El portavoz del PP, Esteban González Pons, acusó a De La Vega de actuar movida por el «rencor» hacia los valencianos «porque no la votan a ella ni a su partido». «Estamos en vísperas de que España asuma la Presidencia de la Unión Europea y no quisiera ver al Gobierno de España condenado por el uso que hace de la Fiscalía y la Policía», dijo a modo de aviso en declaraciones a la Cope.

«Comprometido»

Quien exige que la vicepresidenta dé explicaciones en la Cámara Alta es el Gobierno valenciano. Su vicepresidente y consejero de presidencia emitió un comunicado en el que afirma que lo que deberían hacer tanto la número dos del gabinete socialista como el Ejecutivo en pleno es «pedir disculpas por todo el daño que han intentado causar a un hombre honrado y comprometido como Camps».

Tampoco hubo ayer rueda de prensa de ningún miembro del Consell valenciano, ni por lo tanto preguntas; sólo un intento de dar a la decisión de dos magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del tribunal de la comunidad autónoma, en contra del criterio de un tercero, un barniz de sentencia definitiva.

En esta línea se inscribe la decisión de levantar la suspensión de militancia a Víctor Campos, antecesor de Rambla en el cargo. Campos era el único imputado valenciano de la trama 'Gürtel' que se había dado de baja en el partido cuando aún pesaba sobre él la sospecha no ya de cohecho, sino de tráfico de influencias.

El magistrado valenciano que asumió la instrucción después de que Garzón se inhibiera en su favor, José Flors, limitó la investigación al delito de cohecho impropio, pero para entonces el ex conseller ya había presentado su baja temporal «para no perjudicar al partido».