Investigan si dos policías locales pasaban información a un clan de narcos de Jerez

La operación Corralito, que ha supuesto el desmantelamiento de un clan de narcos de Jerez, tiene una cara B de la que no se informó por los cauces oficiales. Se trata de la imputación de dos agentes municipales por supuesta omisión del deber de perseguir delitos. Los policías no fueron arrestados pero sí citados a declarar, en calidad de imputados, por la jueza que investiga el caso, la titular del nº3 de Instrucción de Jerez. Dichas imputaciones fueron confirmadas ayer por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. Pero existe una tercera que salpicó directamente al Grupo de Estupefacientes de la Comisaría jerezana. Uno de sus miembros fue igualmente interrogado como imputado, pero según pudo saber este periódico, en los próximos días serán archivadas las actuaciones que se dirigen contra él porque no existen pruebas de que hubiera cometido acto ilegal alguno.

Mientras se trata de aclarar si los agentes municipales pasaban o no información al clan de narcos, la investigación policial se centra ahora en determinar qué patrimonio esconde la familia jerezana que desde tres viviendas, situadas en focos conflictivos del municipio, distribuían al por menor cocaína. El objetivo es imputarle un segundo delito de blanqueo de capitales.

Su clientela eran consumidores y camellos que revendían las dosis que adquirían en esos puntos de distribución. Pese a que la actividad de este clan no salía de los límites de Jerez, «movían bastante cantidad», señalaron fuentes cercanas al caso.

Centro de distribución

La investigación llevada a cabo por los efectivos del Greco de Cádiz culminó con la detención de 29 personas; si bien, este golpe policial ha desmantelado uno de los muchos grupos que operan con cocaína en la ciudad jerezana. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tiene señalado este municipio como el principal foco de distribución de polvo blanco en la provincia. De aquí salen la mayoría de las partidas que llegan a las redes que trabajan en otras zonas de Cádiz. Sólo las bandas que tienen una importante infraestructura tienen conexiones con los grandes proveedores, que suelen ser sudamericanos.

La cocaína llega habitualmente mediante 'correos' -integrantes de los escalafones inferiores de las bandas- que mandan las organizaciones que controlan los grandes cargamentos que se introducen en el país -Barcelona, Valencia, Madrid o Galicia son las principales puertas de entrada-. Este último clan desmantelado mantenía contactos con colombianos y dos de ellos fueron los que traían una nueva remesa el pasado 7 de julio.

Venta abortada

Ese día, la Policía ya los esperaba y abortó la compra-venta de dos kilos de droga que se iba a producir en suelo jerezano, en un encuentro vigilado entre colombianos y los narcos locales.

Ése fue el inicio de una operación que se desarrolló en tres fases. La segunda fue la más espectacular, ya que se tiró de los efectivos antidisturbios (UIP) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) para adentrarse en las zonas donde estaban abiertos los tres puntos de venta que controlaba el clan. Las Casitas Bajas del Polígono San Benito y la calle Zeta de la Zona Sur fueron dos de los lugares que fueron tomados por un centenar de agentes para evitar represalias contra los efectivos mientras se practicaban las citadas detenciones.

La mayoría de los apresados se encuentran en estos momentos en prisión provisional; sin embargo, algunos, los que ejercían supuestamente funciones puntuales para la organización, quedaron en libertad con cargos.

stubio@lavozdigital.es