El Tribunal Superior de Valencia cierra la causa por los trajes de Camps

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana ordenó ayer al juez instructor, José Flors, el archivo definitivo de la causa abierta por cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres dirigentes o ex altos cargos públicos vinculados al PP. Todos ellos eran investigados por recibir múltiples regalos, trajes y complementos, en su mayoría, de empresas del caso Gürtel, la presunta trama corrupta dirigida por Francisco Correa y liderada en Valencia por Álvaro Pérez, El Bigotes.

La sala aceptó la práctica totalidad de los argumentos y peticiones de las defensas y rechazó todas las de la Fiscalía y la acción popular, representada por el PSOE, que pretendían continuar la instrucción penal y ampliarla a las personas que pagaron los regalos.

La resolución deroga el auto dictado en mayo y confirmado en julio por el instructor, que abrió una investigación penal contra los cuatro imputados por considerar que existían «indicios racionales suficientes» para achacarles un delito de cohecho impropio y detalló hasta once hechos que lo sostenían. El juez consideró «una realidad muy probable» que los investigados no hubiesen pagado los trajes, pese a que ellos mantienen lo contrario, y descartó que los regalos fuesen un simple detalle social por las personas de que se trataba, el valor de los objetos, la reiteración con que los recibían y el probable interés del oferente por ganarse su gratitud.

Sin embargo, la sala, presidida por Juan Luis de la Rúa, a quien Camps definió en público como algo más que un amigo, concluyó ayer que los hechos por los que son investigados el presidente valenciano, el portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Costa, el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret no constituyen un delito de cohecho impropio. Este tipo delictivo, recogido en el artículo 426 del Código Penal, castiga con multa a «la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fuesen ofrecidos en consideración a su función».

¿Regalos o compras?

El auto del tribunal señala que, aunque los cuatro imputados hubiesen recibido los citados regalos, no existe delito alguno porque ni Camps ni los otros investigados, pese a ocupar los más altos cargos del Gobierno, podían desde sus puestos hacer favor alguno o asignar de forma directa concesiones a la trama de Correa, ni consta que interviniesen en las adjudicaciones por valor de varios millones de euros que organismos de la propia Generalitat dieron a estas compañías entre 2005 y 2007.

La sala, en contra de lo mantenido por la Fiscalía y el instructor, considera que lo descrito en el artículo 426 no se puede aplicar «de forma automática» a Camps, Campos y Betoret, aunque todos recibiesen regalos caros y fuesen «autoridad o funcionario público» en el momento de los hechos denunciados, porque para que se produzca el delito deben recibir las «dádivas» en consideración a «actos propios de su función». Es decir, de su «competencia directa como autoridad». Dice que este «nexo causal» entre regalo y función no existe porque no eran competentes para realizar las adjudicaciones y la trama corrupta, por tanto, no tenía nada que agradecerles o porque agasajarles, aunque de hecho lo hiciese.

El tribunal no sólo declara el archivo por no ver delito alguno sino que cree que con lo investigado tampoco «cabe descartar de forma absoluta otras versiones» distintas a la defendida por José Flors. En otras palabras, que dice que puede ser cierta la versión defendida por Camps y el resto -que pagaron los trajes-, sobre todo si se tienen en cuenta las «contradicciones» observadas en las declaraciones del sastre José Tomás y algunas irregularidades presentes en las facturas y contabilidad de las sastrerías madrileñas.

Esta interpretación de la ley, que ha permitido exculpar al presidente valenciano, ni siquiera logró la unanimidad del tribunal. Sólo fue defendida por De Rúa y Francisco Ceres. El tercer magistrado de la sala, Juan Montero, votó en contra del archivo de la causa y reclamó la continuación de la investigación penal de todos los imputados menos de Ricardo Costa porque, según dice en su voto particular: «No estoy convencido de que los hechos imputados no sean delito».

Montero argumenta que para mantener la investigación abierta, la ley sólo pide que haya sospechas de delito, pero que para archivar la causa, como han hecho sus compañeros, hace falta «la seguridad (en sentido jurídico) de que los hechos no son constitutivos de delito», algo que entiende que no ocurre. El magistrado también considera que los otros dos miembros de la sala se han excedido al reclamar para reconocer la existencia del cohecho impropio que la autoridad, además de recibir un regalo en consideración a su cargo, como dice la ley, sea necesario que el beneficiario ocupe un puesto desde el que pueda otorgar al oferente un hipotético beneficio o favor de forma directa.

La última palabra

Si la razón la tienen De Rúa y Ceres o si la valoración correcta es la del discrepante Montero lo dirá en unos meses el Tribunal Supremo, que tendrá que revisar el archivo de la causa por los recursos que plantearán hoy tanto el PSOE como la Fiscalía Anticorrupción.

Anticorrupción considera que los argumentos «son contrarios a derecho y a la propia jurisprudencia del Supremo», por lo que espera una resolución favorable a sus tesis. La Fiscalía cree que la resolución del tribunal es «improcedente» y basará el recurso en varios aspectos. Error en la apreciación de la prueba, infracción de la ley al cerrar la investigación, y vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.

De lo que resuelva el alto tribunal dependerá que Camps se pueda olvidar de manera definitiva de los trajes y los zapatos de El Bigotes o que en unos meses tenga que regresar a los tribunales, otra vez como imputado, y quizá sentarse en el banquillo por un delito de cohecho.