El juez deja en libertad al surfista Iker Acero, aunque lo vincula a la financiación de ETA

El titular del juzgado central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, dejó ayer en libertad provisional bajo fianza al surfista Iker Acero, aunque le acusa de contribuir a financiar Segi, una organización ilegalizada que forma parte del entramado de ETA. También quedaron en libertad con cargos los otros dos arrestados en la misma operación, Arkaitz Artola y Alberto Martínez Gutiérrez.

Los tres jóvenes fueron detenidos, el pasado miércoles, por la Guardia Civil por su relación con una página web juvenil desde la que se vendían bonos para financiar a Segi. Andreu ha decidido dejarles en libertad provisional «aun cuando los hechos que se investigan continúen revistiendo los caracteres de delito y existan indicios racionales de criminalidad».

Pese a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido prisión provisional para los tres inculpados, el magistrado ha optado por dejarlos en libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días. Argumenta que no hay riesgo de fuga ni de que cometan nuevos delitos. Asimismo, descarta que exista posibilidad de manipulación o destrucción de pruebas ya que «la práctica totalidad han sido ya practicadas». Andreu entiende también que no existe posibilidad de que retrasen o dificulten la investigación, ni de que puedan ejercer una influencia directa sobre personas mediante amenazas o chantajes.

Caja fuerte incautada

En el momento de la detención, los agentes se incautaron de una caja fuerte de la sede desde donde gestionaban la página Gaztesarea.net, un local situado en un polígono industrial de Andoain (Guipúzcoa). Asimismo, descubrieron una libreta en la que presuntamente los detenidos habrían apuntado matrículas de vehículos oficiales del Departamento vasco de Interior.

En su auto, Andreu señala que en el registro del local se encontró también «abundante material propagandístico» de Segi y los nombres de usuarios para poder acceder a diferentes servicios de Internet, desde vídeos hasta redes sociales, de la organización ilegalizada. El objetivo de todo ello es movilizar a los miembros y colaboradores de esta organización para la consecución de los fines de la organización terrorista».