Ofensiva a desbaratar

El doble asesinato perpetrado por ETA en la localidad mallorquina de Calviá acabó con la vida de los jóvenes guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva Lezaun, y volvió a llevar el dolor más lacerante a otras dos familias que, así, se unen a los numerosos hogares que cada día lloran la pérdida de uno de sus miembros a manos del terror. La ideología de la violencia que mueve a los etarras hace que consideren las vidas de quienes sirven al orden público y de quienes se oponen a sus postulados como objeto preferente de su inquina. Los etarras matan para transmitir el mensaje de que no están dispuestos a reconsiderar lo más mínimo su bárbara conducta. Aunque sobre todo asesinan para seguir manteniendo a sus seguidores en la insensibilidad más inhumana ante el dolor de quienes, de antemano, han señalado como enemigos.

Los miembros de la Guardia Civil han vuelto a sufrir, como señaló ayer el presidente Rodríguez Zapatero, ataques dirigidos contra todos los españoles. Pero ni siquiera el temor a que la sociedad pueda enfrentarse a una cruenta ofensiva por parte de la banda terrorista debe poner en cuestión la convicción de que los etarras están protagonizando un declive tan macabro como irreversible. A pesar de la conmoción causada por el atentado de Burgos y del indescriptible desgarro provocado por la muerte de Salva y Sáenz, sólo los más obcecados del mundo de ETA creen que pueden imponerse a la inquebrantable voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad; sólo el núcleo que se esfuerza en silenciar las dudas y la desazón que manifiestan presos, familiares de presos y personas hasta ahora significadas de su entorno más próximo se niega a admitir que, aunque consigan matar, seguirán adentrándose en un callejón sin salida. Claro que al adentrarse en ese callejón su rabiosa impotencia puede acrecentarse, como se ha demostrado estos últimos días, hasta arremeter contra sus objetivos de siempre: las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado.

Tanto la forma en que los terroristas llevaron a cabo el atentado contra las viviendas de la guardia civil en Burgos como la colocación de dos bombas-lapa en los bajos de sendos vehículos oficiales en Mallorca vienen a demostrar que, además de asesinar, ETA está tratando de hacer ver a sus seguidores que es capaz de operar con sangre fría y parsimonia buscando los flancos débiles de los objetivos de su terror. Esto obliga a las autoridades competentes y a quienes tienen razones para sentirse amenazados por la banda a adoptar las medidas de prevención y autoprotección necesarias para impedir que las, a pesar de todo, exiguas fuerzas terroristas puedan encontrar facilidades para atentar contra personas y bienes. Pero la sociedad democrática no debe afrontar la lucha contra ETA sólo a la defensiva, extremando las medidas de seguridad y manteniendo todas las alertas dentro y fuera de España para prevenir la comisión de nuevos atentados. La primera obligación del Estado de Derecho, de sus órganos judiciales y de sus servicios policiales, es garantizar la integridad física y la dignidad moral de todos los ciudadanos, empezando lógicamente por aquellos que están sometidos a la injusticia extrema que representa la violencia coactiva. Pero es evidente que en el caso del terrorismo de ETA esa obligación sólo puede cumplirse plenamente si las instituciones democráticas orientan el máximo de sus esfuerzos a desmantelar las estructuras etarras y empujar a los restos de la trama terrorista a desistir de su abominable empeño por hacerse valer mediante el asesinato.

Esta ofensiva de ETA se enfrenta al clima más unitario que los españoles han conocido en muchos años de lucha anti-terrorista. La unidad es, en buena medida, consecuencia del fracaso del último intento de llegar a algún tipo de entendimiento con la banda por parte del Gobierno. También por eso resulta imposible que la contumacia etarra resquebraje la amplia coincidencia democrática que hoy existe, no sólo a la hora de condenar sus atentados sino también a la hora de negar a los terroristas la más mínima esperanza de que puedan salirse con la suya mediante eventuales concesiones políticas.

El estruendo que ayer segó la vida a Carlos Sáenz y Diego Salva se hizo oír en toda España y volvió a remover las entrañas de miles de mujeres y hombres, de miles de familias que en cada minuto del día viven la angustia provocada por el acoso terrorista, o en las que palpita constantemente la memoria de un ser querido asesinado por los terroristas. Es en estos momentos cuando se hace más insoportable el cinismo, la sorna, la desfachatez y el fingido e insultante victimismo en el que se guarecen quienes aplauden la muerte. La democracia ampara la libre expresión de ideas, reivindicaciones y protestas. Pero estas últimas dejan de ser democráticas cuando secundan, protegen o justifican el asesinato. Tan es así que, siempre con arreglo a la Ley, las instituciones tienen el ineludible deber de impedir que la exaltación del terror y de los terroristas sea posible en España en general y en Euskadi en particular.