La subvención de contratos cuesta 23.800 millones

El estrepitoso fracaso del diálogo social (foro de debate y negociación entre Gobierno, patronales y sindicatos) aún da coletazos. Ayer, CC OO denunció que la bonificación de contratos ha ahorrado a los empresarios 23.776,05 millones de euros en la última década, importe equivalente al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) y a una rebaja de cotizaciones cercana a un punto.

A lo largo del día, también se produjo intercambio de misivas entre los interlocutores. Primero fue el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien se puso a disposición de Zapatero, Toxo y Méndez para «concretar la propuesta empresarial» y reanudar las conversaciones en septiembre. Y, segundo, la respuesta sindical, que no se hizo esperar. Díaz Ferrán, en su carta, expresaba «la voluntad de los empresarios de reanudar en septiembre los contactos para intentar llegar a acuerdos con contenido que sirvan realmente para mejorar la competitividad de la economía española y recuperar el crecimiento y el empleo» sin hablar de demandas concretas.

Los sindicalistas, en su contestación, comentaban que la posición de CEOE en los últimos días había sido «inaceptable» y abogaban porque, «como gesto de buena voluntad», los empresarios «prioricen el desbloqueo de los convenios estancados». Antes del cruce de escritos, dirigentes de CC OO evaluaron el último documento de la patronal antes de que se rompiera la negociación. Y lanzaron una voz de alarma. A su juicio, CEOE pretendía aprovechar el proceso para «arrasar» con los derechos de los trabajadores y el sistema público de protección social. Según el sindicato, las exigencias empresariales no contemplaban flexibilidad y sí desregulación.

En definitiva, estaban encaminadas a poder utilizar cualquier contrato para todo tipo de actividad, abaratar el coste del despido improcedente de 45 ó 33 días por año trabajado, suprimir la tutela judicial en las rupturas laborales y eliminar la autorización administrativa en la expulsión de empleados.

Además, CC OO percibe en las propuestas ansia por abrir la puerta al sector privado. El sindicato explica que, respecto a los Servicios Públicos de Empleo (antiguas oficinas del INEM), la patronal aboga por la entrada de las agencias privadas de colocación.