La enfermera de Rayán «no estaba preparada»

La enfermera a la que se atribuye el error fatal que acabó con la vida del bebé Rayán no tenía la formación adecuada para ser asignada a la Unidad de Neonatos. La gerencia del hospital Gregorio Marañón incumplió la legislación vigente al enviar a esta profesional sanitaria a la UCI de Neonatología sin que contara con la especialización suficiente para trabajar en una unidad crítica que, «por su elevada complejidad, requiere de competencias avanzadas».

Es más, la profesional sanitaria no debió «recibir ni asumir» en ningún momento la orden de trabajar en esa sección, «ya que no disponía de los conocimientos, habilidades y aptitudes específicas» para ejercer dicha responsabilidad. Éstas son algunas de las conclusiones de la investigación realizada por el comité de expertos del Consejo General de Enfermería (CGE) sobre la atención sanitaria recibida por el bebé sietemesino Rayán y que fue presentada ayer por su presidente, Máximo González Jurado.

El informe también cuestiona el sistema de selección del personal en ese centro sanitario que, al igual que en otros, es «absolutamente pernicioso» toda vez que incumple la normativa vigente y los profesionales sanitarios se ven obligados a aceptar la oferta de empleo ofrecida, «aun cuando éstos no se consideren éticamente competentes para el ejercicio de esa función».

La investigación no entra a valorar el presunto error cometido por la enfermera, toda vez que deberá ser confirmado por vía judicial, apuntó Jurado. Lo que sí acreditó el presidente del Consejo de Enfermería es que la ATS carecía de la «competencia profesional, capacidad y formación complementaria» para desempeñar su responsabilidad en una unidad crítica como la de Neonatos.

Además, subrayó que «no cumplió su responsabilidad», ya que debería haberse negado «a ir a esa unidad y a realizar actividades en ella».

El pasado 13 de julio, Rayán, hijo de Dalilah Mimuni, la primera víctima mortal por gripe A en España, murió a consecuencia de la presunta negligencia de la enfermera, que le administró el alimento por vía intravenosa en lugar de por la sonda nasogástrica. Según el informe de la Inspección de la Consejería de Sanidad de Madrid, fue la propia profesional la que se ofreció voluntaria para esa tarea, a pesar de que había sido destinada a la unidad sólo para familiarizarse con el área de la UCI de Neonatos, pero sin tener pacientes a su cargo.

La legislación vigente

La investigación del CGE estima que la enfermera «no debió prestar sus servicios» en la UCI de Neonatales, algo que pudo ser impedido por dos vías diferentes. Una, porque «no debió ser enviada a dicha unidad por parte de la supervisora, al carecer de la competencia y cualificación necesarias para ello», tal y como establece la propia legislación de la Consejería de Salud. Una «legislación incumplida, en este caso, por la gerencia del centro», dice el texto. Y otra, porque «nunca debió asumir, en cumplimiento de su código deontológico, una responsabilidad para la que no disponía de competencia profesional suficiente». Arguye el informe que uno de los fallos esenciales en este caso fue la «absoluta falta de diligencia» de la dirección del Gregorio Marañón «a la hora de aplicar la normativa vigente en aras a asegurar la calidad y seguridad clínica para los pacientes y los profesionales». Y es que, subraya la investigación, para desarrollar «competencias avanzadas», como trabajar en Neonatología «se requiere un título de especialista» que, conforme a la legislación vigente, sólo puede obtenerse de dos modos: «Mediante un proceso de internado y residencia de una duración mínima de dos años, o mediante un acceso excepcional con cuatro años de ejercicio o dos años y un curso de posgrado universitario de 200 horas». Además, en ambos casos (ninguno de los cuales cumplía la enfermera) se requiere superar una prueba objetiva de evaluación de la competencia.

El informe carga también contra el actual sistema de contratación de las ATS, a través de la denominada bolsa única, porque no permite una «segmentación por competencias» ni su valoración, «siendo la mera puntuación lo que prima a la hora de asignar un profesional a un puesto de trabajo». La situación se agrava, reseña la investigación, dado que obliga a los profesionales a aceptar el empleo ofrecido, aunque no responda a su preparación profesional».