Quedan en libertad los tres asesores de Granado imputados por la trama de espionaje madrileña

Los tres ex guardias civiles imputados en el caso del presunto espionaje a personalidades del Gobierno regional madrileño han quedado en libertad sin medidas y sin fianzas, tras declarar que nunca habían hecho "seguimientos o vigilancia con la finalidad de vigilar las costumbres íntimas de estas personalidades".

En su declaración en el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Plaza Castilla José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez afirmaban ante el juez Carmen Valcarce que sólo habían realizado los controles habituales de seguridad y de los edificios y nunca un seguimento frontal, según expresaba Enrique Molina, abogado de los imputados.

Molina ha anunciado además que en "septiembre u octubre" comparecerá el director del Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Sergio Gamón, jefe directo de los tres imputados y que en otoño estará terminado el informe pericial caligráfico que determinará si los imputados son los autores de los partes aparecidos en la prensa,

Ante la juez, los tres imputados reconocían haber realizado labores de seguimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; al vicepresidente, Ignacio González, y a "determinados consejeros", y, según su abogado, "desmontaron el informe policial" por el que fueron imputados, que "tenía muchas lagunas".

Ninguna autoría probada

Los tres ex guardias civiles han sido liberados sin que ninguna de las imputaciones realizadas fuese probada. Ni las de vigilancia a las personalidades madrileñas personalmente o por teléfono, y por ahora tampoco lo han sido por los partes de prensa publicados, de los cuales tampoco han reconocido su autoría.

Según ha explicado Molina, estos partes "están hechos a la inversa de lo que sería un informe policial", ya que parten de una conclusión: "quieren situar a una persona en un sitio".

Molina afirma que "las personas que se dice que son objeto de seguimiento en dichos partes no estaban en ese lugar ni en las fechas indicadas, sino que se encontraban incluso fuera de España".

Esto indica que los partes "contienen falsedades y no se corresponde con la realidad de los hechos" y, por otra parte, que los posicionamientos de teléfonos -mediante los cuales se hizo el presunto espionaje- obedecen solamente a funciones de seguridad, según este letrado.

También se ha subrayado que el acceso de los tres al puesto de trabajo que desempeñaron como asesores de seguridad no fue por vía "digital del consejero", sino que se debió a su curriculum y a sus años de servicio en la Guardia Civil.