La presión internacional obliga a China a reducir las ejecuciones

La modernización y el progreso de China no pasan por la abolición de la pena de muerte, que también se aplica en otros países desarrollados como Estados Unidos y Japón. Pero, al menos, el régimen de Pekín continúa con su voluntad manifiesta de reducir el número de ejecuciones, que el año pasado menguaron hasta los 1.718 ajusticiamientos, según Amnistía Internacional.

Dicha estimación fue elevada ayer en un informe presentado por la organización italiana de derechos humanos Hands Off Cain, que calcula que en el gigante asiático se registraron en 2008 más de 5.000 ejecuciones, el 87,3% de las 5.727 contabilizadas en 46 países del mundo. Aunque cualquiera de las dos cifras supone una barbaridad con respecto, por ejemplo, a los 37 ajusticiamientos que se llevaron a cabo en Estados Unidos, continúa con la tendencia a la baja de la aplicación de la pena capital en China, donde hasta un diputado de la Asamblea Nacional llegó a reconocer que unos 10.000 presos eran ejecutados cada año. Desde la concesión en 2001 de los Juegos Olímpicos de Pekín, el Gobierno chino asegura haber reducido el número de penas capitales, pero lo cierto es que no hay datos oficiales al respecto y todas las cifras se basan en cálculos aproximados de los grupos defensores de los derechos humanos.

Ante esta presión de la comunidad internacional, el vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, Zhang Jun, ha abogado por «controlar y ser cautos con la aplicación de la pena capital para que se use lo menos posible, lo que significa que no hay que matar a aquéllos que no deben ser ejecutados». «La sentencia de pena de muerte con indulto será dictada con más frecuencia por los tribunales chinos», indicó Zhang. Dicho fallo judicial puede luego ser conmutado a cadena perpetua y reducida a veinte años de prisión o menos por buen comportamiento.

Sesenta delitos

En la actualidad, en China se castigan con la pena capital unos sesenta delitos, entre ellos no sólo los de carácter violento como asesinatos y violaciones, sino también otros de índole económica como la corrupción, la malversación de fondos públicos y el fraude fiscal. No obstante, en los dos últimos años se han intensificado las supervisiones de las sentencias de muerte por parte del Tribunal Supremo Popular, que el año pasado revocó un 10% de las ejecuciones y, en 2007, un 15%.

Esta disminución no significa que la pena capital vaya a desaparecer en China, donde el régimen comunista sigue estableciendo un severo control político sobre la sociedad y la mayoría de la población apoya el ojo por ojo, diente por diente. «Como es imposible para el país derogar el castigo capital bajo la realidad y las condiciones de seguridad actuales, es un esfuerzo importante controlar de manera estricta la aplicación de la pena de muerte por parte de los órganos judiciales», señaló el vicepresidente del Tribunal Supremo Popular.

se cobraron la

vida de mas de 5.000 personas