La UE descarta atajos para Islandia

El camino de Islandia hacia la Unión Europea no será fácil. Ayer, los ministros de Exteriores se dieron por enterados de su demanda de adhesión, formalizada la semana pasada en Estocolmo, y actuaron como se hace en estos casos: pidiéndole a la Comisión que evalúe las condiciones del candidato, para ver si reúne los requisitos mínimos exigidos. Pocas dudas caben de que no sea así: Islandia es miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) desde mediados de la década de los 90 -cuando se instituyó entre los socios de la UE y los de la EFTA- y del denominado Espacio Schengen. Sus productos se venden libremente en la Europa comunitaria y sus ciudadanos recorren el territorio de la Unión sin trámites de identificación en aduanas, como los propios europeos.

Es un país pequeño pero de tradiciones democráticas sólidas, que se guía por las leyes del mercado libre y que vivía un espléndido y próspero aislamiento entre las brumas del Ártico hasta que la crisis de las hipotecas subprime y otros activos tóxicos se llevaron por delante los ahorros de buena parte de los 320.000 islandeses, y las autoridades de Reikiavik tuvieron que llamar a la puerta de Europa, porque la supervivencia financiera del Estado se encontraba seriamente en entredicho.

Ayer, en el Consejo, volvieron a oírse las voces más cálidas con las demandas islandesas que, paradójicamente, vienen de gargantas habituadas al frío. El ministro de Exteriores sueco, Carl Bildt, que preside por turno el Consejo de Estado, se declaraba convencido de que la demanda de adhesión seguirá una tramitación acelerada, porque la mayor parte del camino está ya recorrido. Otros socios, en cambio, prefirieron poner el acento en las demandas de los países balcánicos, que preceden a la islandesa y que, al menos en teoría, deberían sustanciarse antes. El canciller austriaco, Michael Spindelegger, por ejemplo, firme aliado de las intenciones croatas de adhesión a la UE, insistía en que las demandas de Reikiavik no van a marginar las legítimas de los demás que han llamado a la puerta de la Comunidad.

Pero, por encima de cuestiones de primogenitura y calendario hay una serie de realidades que Islandia no tiene resueltas, y que tendrá que afrontar con firmeza si quiere ser miembro de la UE: los derechos de pesca es un asunto clave. La isla mantuvo el siglo pasado ni más ni menos que tres guerras con Reino Unido a cuenta del bacalao. Entre los 50 y los 70, Reikiavik emprendió una política de extensión de aguas territoriales por vía unilateral, que le puso las fragatas británicas tres veces a vista de puerto. Incluso el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya falló que Reikiavik carecía de derechos para expulsar a las flotas europeas -británicas y germanas en lo esencial- de sus pretendidas aguas jurisdiccionales, pero los acuerdos de alcance temporal suscritos para evitar el derramamiento de sangre no sirvieron para impedir que Islandia extendiera a 50 millas su zona de pesca exclusiva en febrero de 1972, y a 200 en octubre de 1975.

Ricos caladeros

El disfrute prácticamente exclusivo de los ricos caladeros árticos ha sido muy provechoso para el país, aunque la industria de la pesca ha dejado de ser la principal fuente de ingresos, y se ha visto sustituida por el aluminio.

Islandia es, con todo, un país pesquero, y la pesca y la agricultura fueron dejadas deliberadamente fuera del acuerdo del país con el EEE. Ayer, el secretario español de Estado, Diego López Garrido, manifestaba en Bruselas que España defenderá su derecho a pescar en aguas islandesas si el país accede a la UE. Porque, no conviene olvidarlo, en la Europa comunitaria el pescado es de todos, aunque una compleja regulación de cuotas y algunas trampas reglamentarias como el Principio de Estabilidad Relativa limiten el ejercicio absoluto de ese derecho por parte de cualquier pescador europeo.

Si Islandia quiere entrar en la UE tendrá que ceder derechos de pesca, comunitarizarlos, como se dice. Ni España, ni Europa podrán renunciar por meros principios a una política básica de la UE, ésta de la política azul, como lo son también la agrícola o la de la competencia, porque así lo reclame un pequeño país candidato. Pero los islandeses han hecho tres guerras para garantizarse los derechos que ahora deberían ceder, a cambio de poder integrarse en el euro.

Y nada hace pensar que la resolución de estos conflictos vaya a ser ni fácil, ni rápida.