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Interior del chiringuito del empresario. / LA VOZ
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Detenido por tratar de sobornar a un sargento de la Guardia Civil para que no sancionara su local

El empresario, imputado por cohecho, regenta un chiringuito sin licencia y quería que el agente hiciera la vista gorda

SILVIA TUBIO
| CÁDIZActualizado:

Le ofrecía entre 2.000 y 3.000 euros por cada fin de semana que su negocio estuviera abierto al público. Era una cantidad estimativa que equivalía a un euro por cada entrada que vendiera esos días. Ese negocio se lo puso en bandeja un empresario de Barbate al sargento que en estos momentos está al frente del cuartel barbateño, pero el agente no picó. Lo que hizo fue ponerlo en conocimiento del juez y tras recabar las pruebas suficientes, procedió a detener al hostelero por cohecho.

Francisco M. S., de 47 años, quería ganarse mediante un soborno los favores del sargento, según confirmaba ayer el Instituto Armado mediante una nota de prensa, para conseguir que su local dejara de recibir denuncias. El detenido regenta un establecimiento en Los Caños de Meca, que en realidad consiste en una parcela vallada donde ha colocado una barra, mesas y sillas. Se trata de un negocio improvisado que carece de licencia de apertura. Pese a no tener la autorización, decidió abrir y comenzó a recibir las primeras denuncias.

El hostelero decidió poner fin a ese cúmulo de sanciones que se le venía encima, tratando de sobornar al sargento para que éste hiciera la vista gorda y ordenara a sus subordinados que no actuaran. El agente, tras recibir el primer ofrecimiento, lo comunicó al juez, quien autorizó que se entrevistara con el hostelero. El objetivo de ese segundo encuentro era recabar pruebas que demostraran el soborno; como el empresario volvió a reiterarse en su ofrecimiento, fue apresado por soborno.

El empresario se encuentra en estos momentos en libertad, aunque imputado por cohecho. El Código Penal reserva penas distintas en función de la conducta que persiga el soborno. En el caso de dádivas para que la autoridad se abstenga de ejercer su labor, la legislación española lo castiga con la inhabilitación -caso de funcionarios- y penas de multas que alcanzan el doble de lo que se ofrecía como soborno. Al no ser una pena gravosa y el empresario carece de antecedentes, se ha librado de la prisión.

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