Jueces o ideólogos

La justicia es un sueño de la razón. Como tal es una idea, un deseo, un horizonte hacia el que caminar que se aleja a medida que nos acercamos a él. La imposibilidad de alcanzarla inspira sentencias que resaltan su lejanía, hasta relegarla más allá de lo humano (La justicia no es de este mundo). Hay un largo recorrido desde la ley de la fuerza a la del talión, de la ley divina a la de los hombres, del derecho de pernada al derecho censitario, y desde ahí a la justicia como institución que a modo de tercer poder del Estado contrarreste y controle los posibles excesos del ejecutivo y el legislativo. En democracia, a los jóvenes se les inculca la idea de un sistema judicial que establece una justicia racional, ajustada a unas leyes emanadas del poder popular a través del Gobierno y el Parlamento, a la que todos, del rey al porquero, deben someterse. Forma parte del proceso de madurez el tomar conciencia de que la justicia no es tal y que sólo es un remedo, una lejana aproximación a la idea moral de justicia.

El siguiente descubrimiento es el de la ideología de los jueces. La ley, las leyes no son aplicables de forma mecánica, ni son exhaustivas en la pormenorización de la casuística particular de cada caso. El juez, quiera o no, debe interpretar la ley. Y aquí comienza la subjetividad que tan cerca está de la arbitrariedad. No cabe recurrir a los preceptos y estrategias que las ciencias sociales establecen para acercarse a la objetividad o al menos aminorar la subjetividad eliminando o explicitando prejuicios o valores. No es creíble, como pretendía Schulz, «ponerse las gafas de la ciencia», en este caso de la ley, cuando entras en el juzgado. Nadie es capaz de dejar en la alfombra del descansillo la ideología, los valores, los prejuicios, las convicciones religiosas o morales. Si no cabe la neutralidad valorativa es preciso explicitarlos. Pero para ser coherentes con el Estado de Derecho y como se trata de legislar para todos, creyentes o ateos, de derechas o de izquierdas, cultos o analfabetos, el reconocimiento de un prejuicio, de una convicción religiosa o similar que impide juzgar o interpretar la ley con objetividad, como una ley para todos, no para los que comparten alguna creencia o prejuicio con el juez, debiera llevar a éste a abstenerse de juzgar o votar, nunca a hacerlo negativamente por motivos extrajudiciales. Los partidos políticos tienen buena parte de la responsabilidad de la ideologización de la justicia al premiar más la obediencia a consignas partidistas que la independencia y el prestigio profesional. La derecha juega como de costumbre con ventaja. La larga y cara trayectoria formativa de la carrera judicial y un pasado reciente no democrático, les concede una holgada mayoría de jueces conservadores. Uno de los primeros intentos serios de romper el círculo ha sido el nombramiento de Carlos Dívar por Rodríguez Zapatero para la presidencia del CGPJ. Paradójicamente, sus convicciones religiosas le han llevado a votar en contra del dictamen positivo del Consejo a una ley que el Gobierno impulsa. Cabría apelar a su probada formación jurídica para recordarle que es una ley para todas las españolas, sean agnósticas, católicas o sintoístas y por tanto debiera haberse abstenido ante la imposibilidad de hacerlo con objetividad a causa de sus creencias.