«Desista de provocar violencia»

La crisis política en Honduras avanza hacia un desenlace impredecible. Mientras el Gobierno de facto desplegaba ayer sus tropas en la frontera sur, lindante con Nicaragua, el presidente depuesto, Manuel Zelaya, en un nuevo desafío a todas las advertencias por el riesgo de su empresa, se acercaba hacia el puesto limítrofe con el objeto de entrar el su país para recuperar el poder. «Soy fuerte, no temo, pero sé que estoy en peligro», admitió Zelaya, mientras decía a los hondureños que se acerquen a recibirle «que no teman a los soldados».

Tras las frustradas gestiones del mediador, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, Zelaya decidió regresar a su país por vía terrestre desde Managua, capital nicaragüense. Al cierre de esta edición, el mandatario derrocado el 28 de junio por un golpe cívico-militar avanzaba en una caravana de vehículos junto al canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, hacia el paso de Las Manos, el más cercano a Tegucigalpa. Desde allí, planeaba hacer «una caminata a pie» hasta la capital «para encender en los pobladores la resistencia pacífica» al golpe de Estado, dijo.

El Gobierno de facto, encabezado por Roberto Micheletti, advirtió de que si Zelaya entra al país será detenido y extendió el toque de queda desde el mediodía de ayer hasta hoy en la frontera. En una entrevista publicada por el diario chileno La Tercera, Micheletti declaró: «Le hago un llamamiento (a Zelaya) para que evite esta provocación y desista de su pretensión de provocar violencia. Hay una orden de arresto contra él por parte de los tribunales por al menos quince delitos», remarcó. Y avisó de que «Zelaya tiene que ser detenido por la autoridad policial y puesto a disposición de los tribunales».

El Gobierno designado tras la asonada militarizó la frontera con Nicaragua, en la zona por donde se presume que iba a entrar el presidente. Se trata del segundo intento de volver de Zelaya, que el 5 de julio trató sin éxito de aterrizar en el aeropuerto internacional de Toncontín, en Tegucigalpa, junto al secretario general de la Asamblea General de la ONU, Miguel d'Escoto.

Cerca de la frontera, militares y policías registraban a los manifestantes que se acercaban para respaldar la llegada del presidente. Con sacos terreros obstaculizaban el paso de vehículos. Pero los simpatizantes de Zelaya avanzaban igual. «Tenemos órdenes de no dejar pasar a nadie», declaró a la prensa el coronel hondureño Arcadio Castillo, en el puesto de Las Manos.

Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado en el que aclaran que no se responsabilizan «de la seguridad de personas que, por fomentar la violencia generalizada en el país, están sujetas a ser atacadas incluso por sus mismos partidarios, con el exclusivo propósito de convertirles en mártires». La cúpula militar se desmarcó así de la amenaza de Zelaya, que anticipó que si es asesinado, la culpa recaerá sobre el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Romeo Vásquez.

El ministro de Defensa del Gobierno de facto, Adolfo Sevilla, señaló que para el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, Zelaya «vale más muerto que vivo». Si entra en el país, «será capturado». Pero al mismo tiempo le pidió «que evite hacerlo ahora» y que lo haga tras las elecciones de noviembre. «Nosotros queremos vivo a Zelaya», aclaró.

Entretanto, representantes de organizaciones humanitarias de trece países, incluido España, presentaron ayer en Honduras un informe sobre graves violaciones a los derechos humanos. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias, amenazas, trabas a la libertad de expresión y de información, restricciones de circulación y persecución política son algunos de los atropellos denunciados. El informe se presentó tras un intento fallido de la Policía de impedir la difusión de las denuncias con una irrupción violenta en el hotel Maya, de Tegucigalpa, donde la misión había convocado una rueda de prensa.