El PP lleva ante el juez a la Policía por revelar secretos del 'caso Gürtel'

El Partido Popular presentó ayer una denuncia en los juzgados madrileños por la que pide que se investigue a dos grandes estructuras de la Policía Nacional: la Policía Judicial y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), como los presuntos autores de varios delitos de revelación y filtración a la prensa de datos secretos del caso Gürtel, la investigación contra una trama de corrupción en la que están imputados varios dirigentes populares.

Federico Trillo, responsable último de la denuncia, tiene claro que detrás de todos los delitos está «la misma mano» y que son fruto de «una acción constante y programada» con la «intención evidente de dañar la imagen y perjudicar a los dirigentes del PP y al partido».

Está convencido de que se trata de una conspiración, que hay «una operación sostenida en el tiempo de acoso al PP, en la que se instrumentaliza para ello a unidades policiales». Sin nombrar a ninguno de los más relevantes políticos salpicados por la investigación, como el presidente valenciano, Francisco Camps, o el tesorero del PP, Luis Bárcenas, concluyó que «se busca un juicio paralelo, con penas de banquillo anticipadas».

El escrito de denuncia, de 25 folios, reconoce que no tiene pruebas concretas contra nadie y que «no hay certeza total» de quién o quiénes pueden ser los autores de los delitos, pero que las deducciones realizadas por el equipo jurídico del PP le permiten «acotar, al menos con carácter presunto, al autor o grupo de autores» entre los jefes y miembros de estas unidades policiales.

Los indicios que le llevan a señalar con el dedo a estas estructuras de la Policía Nacional se basan en que es la única unidad que ha actuado «de modo permanente» en este caso y al servicio de todos los instructores: Audiencia Nacional, tribunales superiores de Madrid y Valencia y Tribunal Supremo.

El PP recuerda que la unidad aglutina también a todos los responsables directos de los informes e intervenciones telefónicas que se han filtrado, y que su máximo responsable jerárquico, el comisario general de Policía Judicial, acompañó al juez Baltasar Garzón y al ex ministro Mariano Fernández Bermejo «en el escandaloso fin de semana cinegético» que costó el cargo al titular de Justicia.

El partido opositor llega a la conclusión de la culpabilidad de los policías por la técnica del descarte del resto de colectivos humanos que han tenido acceso a los datos y documentos de esta instrucción judicial secreta. Cree que los delincuentes no pueden ser los concejales del PP que levantaron la liebre y denunciaron a sus compañeros y la trama Gürtel, porque no tuvieron acceso a los informes, pinchazos y grabaciones reveladas desde el pasado mes de marzo en seis artículos de El País y una noticia de la SER, que son el objeto de la actual denuncia.

Aunque el PP reitera su total desconfianza y «tremenda sospecha» sobre el trabajo del juez Garzón, el primer instructor del caso, descarta que las revelaciones de secretos partan de los jueces, porque son varios y de varios lugares y porque, aunque no lo dijo de forma explícita, los magistrados de los tribunales superiores y del Supremo sí le transmiten confianza a Trillo. Reconoce que la Fiscalía que ha investigado la causa, como la unidad policial, es la misma desde el principio, pero la descarta con la excusa de que el fiscal general del Estado va a abrir una investigación interna.

De vacaciones

El Partido Popular pide al juez instructor madrileño que se encargará de la denuncia, que está de vacaciones, que, como primeras pruebas para tratar de dar con los autores, interrogue al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho; al comisario general de Policía Judicial, José Antonio González; a su subordinado y jefe de la UDEF, el comisario José Luis Olivera; y a todos los policías, oficiales e inspectores que hayan participado en la realización de las intervenciones telefónicas de las que denuncian la filtración. El PP también quiere que preste declaración un supuesto inspector de la UDEF que habría llamado al móvil privado del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el 5 de marzo para pedirle un fax en el que notificarle el auto de Garzón que observó indicios contra él.

Como otras diligencias, los populares piden la incorporación a la causa de los ejemplares de El País que reflejan filtraciones relativas a Camps; a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; a presuntos jefes de la trama como Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, o a informes policiales. También quieren un listado con todas las escuchas telefónicas practicadas en la investigación y las resoluciones judiciales que las permitieron, así como una aclaración sobre cuáles se han incorporado como prueba y cuáles no, y el destino de estas últimas (custodia, depósito, destrucción).

La razón de esta diligencia es que el PP no sólo observa la existencia de un delito continuado de revelación de secretos y otros de violación de secretos y revelación de actuaciones secretas, sino que también sospecha que en algunos pinchazos filtrados se ha podido producir una interceptación ilegal de comunicaciones, agravada por la revelación, de la que serían víctimas implicados como Camps o El Bigotes.

El documento de denuncia de los populares, que ha provocado indignación en los sindicatos policiales, advierte a los funcionarios que quiere investigar de que si se determina que son responsables de las filtraciones les exigirá indemnizaciones por daños y perjuicios, incluidos los morales, a los dirigentes del PP y al propio partido.