Mínimo Posible

L as últimas estadísticas de la EPA, que sitúan el paro en 4,1 millones de personas, representan el contexto en el que negocian el Gobierno, los sindicatos y la patronal, porque la recesión tiene una profundidad desconocida y su duración no puede ni imaginarse con datos del pasado. En 2001 se firmó el primer gran pacto social después de 17 largos años sin consenso. Luego se renovó en 2004 y ahora han pasado doce meses sin que el Gobierno de Zapatero haya logrado actualizarlo. En estos momentos, cuando todavía no se ven brotes verdes, el problema es que las reformas del mercado de trabajo se aplacen demasiado tiempo. Aburren a unos y desesperan a otros. Los que más tienen que perder intentan evitarlo aplazando los acuerdos entre las partes, mientras que los que más tienen que ganar quieren que el Gobierno legisle por su cuenta si no hay consenso. Además, es sabido que las reformas hay que hacerlas sin que existan conflictos políticos de por medio. El reformismo se transmuta en pragmatismo cada vez que llega la recesión económica, por lo que este tipo de negociaciones finaliza con éxito sólo si todas las partes ganan algo. De ahí que la ruptura se produce cuando una de ellas no logra lo que esperaba conseguir.

Los sindicatos persiguen el compromiso del Gobierno de no endurecer las condiciones del seguro de desempleo, porque saben que si continua la recesión el trabajo seguirá disminuyendo de forma inevitable. Y la CEOE, que no desea bajo ningún concepto el crecimiento de la conflictividad laboral, está interesada en que, en un momento en el que no se invierte en capital, los salarios se adapten al menor de los crecimientos posibles de la productividad. En esta escenificación de ruptura del diálogo social, ambos interlocutores saben que al final tendrán que llegar a un acuerdo generalizado para aumentar la flexibilidad de la producción y de la jornada de trabajo. Lo cual seguramente supondría la reforma del mercado laboral más importante que puede hacerse ahora. Si ni siquiera llegaran a este consenso de mínimos posibles, sería porque unos y otros habrían atisbado un cambio político potencialmente favorable a sus intereses y tras constatar que no hay brotes verdes. En eso consiste el curioso hecho de que las partes que se aprestan a la ruptura no mencionen la necesidad de un pacto de Estado que gestione la salida de la crisis.