Los jueces no saben qué hacer con el aborto
El pleno del Poder Judicial registra un empate entre sus vocales y deja a los jueces sin opinión sobre un anteproyecto de ley por primera vez en la historia
| COLPISA. MADRID Actualizado: GuardarEl anteproyecto de ley sobre la reforma del aborto, que permite la interrupción libre del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, se quedó sin su correspondiente informe del Consejo General del Poder Judicial. Los 21 vocales de este organismo, creado en octubre de 1980, fueron incapaces de dar el visto bueno al informe favorable elaborado por Margarita Uría. La llave de la votación estaba en manos del vocal propuesto por CiU, Ramón Camp. Como se intuía en las quinielas, los nueve vocales del PP y el presidente del Consejo, Carlos Dívar, un hombre religioso y conservador propuesto por el jefe del Ejecutivo, votaron en contra del estudio; los nueve miembros del PSOE y Uría, candidata del PNV, dieron su aprobación.
Sin embargo, Camp tiró por la calle del medio y se abstuvo en el pleno, lo que provocó una situación inédita en el organismo de gobierno de los jueces. Además, no se pudo dar la posibilidad del voto de calidad del presidente, ya que el quórum era impar. En el caso de que Camp no hubiera asistido a la votación, por ejemplo, el informe de Uría hubiera sido rechazado porque en caso de empate, la elección de Dívar vale doble.
Pese a «lo extraño de la votación», según fuentes del Poder Judicial, el proceso a seguir es idéntico al que se realiza si se hubiera aprobado un informe. El pleno remitirá un escrito al Ejecutivo en el que se señala la no aprobación de ningún dictamen. Para evitar esta situación de no informar, algunos vocales plantearon la posibilidad de pedir una nueva valoración a la Comisión de Estudios y que se volviera a estudiar a partir de septiembre.
Pero la estabilidad de los dos 'frentes' y la sensación de que el representante de CiU no iba a cambiar su postura, hicieron descartar esta opción para alargar un proceso que está encallado.
A la espera
«Después de dos prórrogas y que no ha habido consenso, el Consejo no va a emitir ningún informe», explicó Gabriela Bravo, la portavoz del Consejo, quien además insistió en que el pleno buscó «un informe que mejore el texto legal» sin conseguirlo.
El dictamen que no fue aprobado consideraba que la edad mínima de 16 años para votar es lógica dentro del ordenamiento jurídico actual; por otra parte, aseveraba que las jóvenes de esa edad pueden casarse o emanciparse con el permiso paterno y que la propuesta de la reforma de la ley del aborto entra en esos parámetros. Además, incidía en la necesidad de que los padres sean informados, aunque no puedan hacer nada para impedirlo, porque todavía tienen la patria potestad. También se hace especial hincapié en la información que tiene que recibir la paciente, que debe ser «personal e individual» en cada caso.
Después de este fallo, el Gobierno puede dar trámite al anteproyecto de ley porque el pleno se reunió y emitió un dictamen, aunque fuera sin contenido. La otra opción, menos probable, es pedir otro informe y que el Consejo decida en alguno de los plenos de otoño. Esta decisión retrasaría el proceso parlamentario de la nueva ley.
La secretaria de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, mostró su «respeto» por la decisión de los jueces y manifestó su confianza en que el Anteproyecto de ley sexual y reproductiva y de interrupción del Embarazo saldrá adelante «en los términos en los que figura en el documento elaborado por el Gobierno». Para Cabezón, la ley «se adecúa a la realidad del siglo XXI» y así «lo ratificará el Parlamento».
Por su parte, el PP pidió ayer al Ejecutivo la retirada del polémico anteproyecto ante la «falta de apoyo» de los organismos judiciales y la división de opiniones en el Congreso. Sandra Moneo, secretaria de Educación e Igualdad del PP, considera que la decisión del Poder Judicial supone que «no avala la ley del Gobierno y respalda lo que dice el PP: que vulnera principios fundamentales recogidos en la Constitución, que genera una fractura social, parlamentaria y en organismos judiciales, y que es radical. El Gobierno tiene la responsabilidad, tras la falta de apoyo de organismos tan importantes como los judiciales, de retirar la ley».