polémica en las aulas

Los padres valencianos se dividen ante la decisión del juez sobre la EpC

La Confederación de Padres y Alumnos Católicos lamentan que el TSJV impida que las clases se dicten en inglés, porque la consideraban una gran oportunidad para aprender este idioma

VALENCIA Actualizado: Guardar
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha declarado nulos tres artículos de la orden de la Conselleria de Educación que regula la impartición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía que habían sido recurridos por el sindicato CCOO y la Abogacía del Estado.

Los artículos se refieren a la obligatoriedad de impartir esta asignatura en inglés, a la posibilidad de aprobarla mediante la realización de un trabajo con enfoque transversal y a la opción de que los alumnos pudieran acogerse a la objeción de conciencia de la materia, según fuentes del TSJCV.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que esos artículos son contrarios a derecho y, sobre el primero de los recurridos, señala en su sentencia que presenta una motivación "confusa, contradictoria e incongruente" para argumentar la necesidad de que la asignatura se impartiera en inglés en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

La Sala ha añadido que la Generalitat ha defendido "la imposición" de la impartición de una asignatura curricular en lengua extranjera por parte de la Generalitat cuando solo puede implantar un Programa Plurilingüe en el sistema educativo valenciano.

No a la "opción B"

En cuanto a la llamada "opción B" que contempla la Orden en su artículo 2, relativa a la realización de un trabajo con un enfoque transversal de, al menos, una periodicidad trimestral acerca de los contenidos de la materia, el fallo apunta que los alumnos que se acogieran a ella alcanzarían los objetivos de la materia pero sólo atendiendo al tema elegido, con lo que resulta imposible aplicar los criterios de evaluación legalmente previstos.

Asimismo, el hecho de que sea la familia, quien ejerce la patria potestad o la tutela del menor quien elija el texto que permita acceder a cada uno de los contenidos de la materia para luego elegir de entre los temas de ese texto "infringe de forma palmaria" lo establecido por ley de que en el ejercicio de la autonomía pedagógica corresponde a los Órganos de coordinación didáctica de los Centros Públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.

La nulidad se apoya también en la doctrina "reiterada" del Tribunal Supremo que desestima la declaración de objeción de conciencia a las asignaturas Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos, Educación ético-cívica y Filosofía ciudadana formulada y señala la obligación de cursar las asignaturas y de asistir a las correspondientes clases.

Padres divididos

El presidente de la Confederación Española de Padres de Alumnos (CEAPA), Pedro Rascón, ha mostrado su "satisfacción" al comprobar que los jueces valencianos ven que esta asignatura "es válida y necesaria y se debe impartir con total normalidad".

Rascón ha destacado que el fallo "es claro y se produce por unanimidad, sin que se haya aprobado ningún voto particular" y ha agregado que la decisión del Gobierno de la Comunitat Valenciana era "una triquiñuela para boicotear la asignatura y saltarse la obligación de impartirla con normalidad".

Por el contrario, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, ha mostrado "su absoluta discrepancia" con la decisión judicial, que a su juicio supone "una oportunidad perdida" para que los estudiantes mejoraran sus conocimientos del inglés.

Carbonel ha asegurado que, en cualquier caso, se debe admitir que es una asignatura "controvertida" porque ha habido "diferentes valoraciones de distintos tribunales superiores de justicia", hecho que debe llevar al Gobierno a "reflexionar y estudiar" el contenido de esta asignatura.

Así, reclamaba que esta materia sirva para que los alumnos estudien la Constitución y los principales tratados internacionales, "algo a lo que nadie se opone", y no para conformar la moral de los alumnos. Carbonel ha exigido al Gobierno "una solución definitiva a este tema" para que la comunidad educativa deje de "perder más tiempo" y se dedique "a resolver los problemas de la educación española".