El plan de saneamiento prevé recortes de personal y de sueldos de los altos cargos

El Ayuntamiento ya tiene el tan anunciado y necesitado plan de saneamiento que se llevará el lunes día 27 a un Pleno extraordinario y con el que el Consistorio pretende iniciar la senda del ahorro después de años de despilfarro, así como dar solución a la desastrosa situación económica de sus arcas.

Después de varios meses de trabajo, el director de Política Fiscal y Financiera, Cornelio Vela, presentó ayer a la oposición y a todos los sindicatos las líneas generales que contempla este plan que está supervisado por una empresa externa y que él calificó como «prudente, aplicable y realista», con el que no se quieren aprobar acciones «traumáticas» y que se aplicaría durante los próximos seis años.

Este conjunto de medidas, con el que el Ayuntamiento prevé ahorrar hasta unos 17 millones de euros en el próximo trienio (apenas un 3% de los 200 millones de euros anuales que se van en gastos), incluye siete líneas de acción que son las que ayer se dieron a conocer y que se aprobarán en Pleno, y entre las que destacan capítulos polémicos -y ya esbozados por la alcaldesa- como los ajustes en la plantilla y los recortes de los grandes sueldos del Consistorio.

Sin embargo, los datos aportados ayer por el director de Política Financiera del Ayuntamiento no detallaron cuáles serán las acciones concretas de cada una de las líneas previstas, o qué cifras, cantidades o porcentajes se manejan ya que, según argumentó Vela, será en septiembre cuando se aprueben los planes concretos de cada una de las siete medidas.

Además, el propio Vela explicó que este conjunto de acciones forma parte de un plan de viabilidad mucho más amplio, porque la situación del Ayuntamiento «requiere pensar a muy largo plazo», que irá mucho más allá de esos seis años iniciales. «Se trata de revertir la tendencia, de iniciar un camino que no se puede solucionar de la noche a la mañana», añadió.

La primera medida del plan es la de ajuste y optimización de los servicios voluntarios, que son los que no son competencia de la Administración local pero ésta presta. «Debe estudiarse otra modalidad en cooperación con la Administración competente».

También se abre la puerta a redimensionar y adecuar los servicios obligatorios, los que realizan las concesionarias (Cojetusa, Urbaser, etc.), y de los que dijo que «deben prestarse con la misma calidad, pero con menos coste». Esto implicará sentarse con las empresas subcontratadas a estudiar los pliegos de condiciones, pero nunca «rescatar concesiones o municipalizar el servicio». Del mismo modo, habrá que realizar un plan de reestructuración de las empresas municipales, que tienen un déficit importante en conjunto, y que deben unificar compras y recursos humanos.

El tercer punto es uno de los que más polémica ha creado, y del que Vela dio ayer menos detalles porque la negociación sigue abierta con las centrales sindicales, ya que se centra en el ajuste de la plantilla a las necesidades del nuevo escenario. El responsable municipal reconoció que la plantilla «ha engordado demasiado en años anteriores», y aunque dijo que «no habrá acciones traumáticas y todo se consensuará con los sindicatos», sí habló de un plan de prejubilaciones voluntarias y de «algunas medidas más». Eso sí, aún hay pocos datos de cómo se llevará a cabo este proceso.

Al hilo de lo anterior está la siguiente línea, la que tanto han reclamado desde la oposición, y que se centra en el ajuste salarial y la moderación de sueldos de la plantilla, aunque desde el Ayuntamiento han recalcado que esta medida se centra en los altos cargos, los políticos y los directivos. La aplicación de esta acción será inmediata y proporcional por tramos, es decir, «quien más gane más reducción sufrirá».

En línea con los servicios, también se aumentará su eficiencia realizando un cálculo de los costes de cada uno, para así «asignar mejor los recursos», enfatizó Vela, quien aseguró que ninguna de estas medidas de ahorro afectarán a la calidad de los mismos.

La sexta medida quiere ajustar los ingresos actualizando las tasas y precios públicos. Vela recalcó que «no es un aumento de la presión fiscal, porque hay un compromiso de no subir los impuestos», sino que se trata de cobrar de otra forma las tasas, «que la carga sea mayor para el que use un servicio y no de pago obligado para todos».

Por último, el Ayuntamiento cierra la puerta a aumentar su deuda para nuevas inversiones. Así, cuando haya que hacerlas será usando patrimonio «no útil» para ello o financiadas al 100% por otras administraciones.

La aprobación del plan de saneamiento es una de las condiciones que establece el Gobierno en el real decreto que aprobó para ayudar a los ayuntamientos a financiar la deuda a los proveedores, una práctica «que en Jerez ya venimos aplicando hace tiempo, y en condiciones más ventajosas, y que nos ha permitido pagar unos 103 millones a través del factoring (compra de facturas)». Ahora, la norma abre la puerta a pagar de nuevo a los proveedores con crédito -que el mismo lunes se debe firmar con los bancos- y que permitirá satisfacer en un mes importes pequeños a un centenar de acreedores por una cifra total que ronda los tres millones de euros. Además, el real decreto abre otra línea de créditos avalada por el ICO que también permitirá el pago de otros tres millones más.

Para el director de Política Financiera, todas las medidas del real decreto, en especial el plan de austeridad, inician la recuperación económica del Ayuntamiento, una situación de la que dijo que «se ha creado en 30 años y puede tardar otros tantos en solucionarse». Claro que para Vela, este nuevo plan de saneamiento no peca como el anterior de un «exceso de voluntarismo».