Una educadora atiende a un grupo de menores recluidos en un centro de la Ciudad Autónoma de Melilla. / EFE
ESPAÑA

En busca de un lugar en la sociedad

Los menores acusados de delitos graves son reeducados en centros especiales donde viven en un régimen «casi carcelario» bajo férreo control y estricta disciplina

| COLPISA. MADRID Actualizado: Guardar
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Cuando un menor comete un delito de violación y se le ingresa en un centro de reforma, ¿cómo se le reeduca?, ¿cuál es su respuesta?, ¿qué tipo de vida hace y qué actividades desarrolla? Éstas son algunas preguntas que se plantea el ciudadano ante las violaciones protagonizadas por menores en Baena (Córdoba) e Isla Cristina (Huelva).

Los centros de reforma para menores -en Andalucía hay en todas las provincias, excepto en Huelva- son instituciones públicas o privadas que acogen a jóvenes de entre 14 y 18 años con delitos graves. «El régimen de vida de todos ellos es casi carcelario, lo cual no impide que su finalidad sea siempre la reinserción», afirma un portavoz de la oficina del Defensor del Menor de Andalucía. «Cada caso de trata de manera individualizada, pues no es lo mismo un menor que roba que uno que viola o que asesina».

Un equipo de educadores, psiquiatras, psicólogos y otros profesionales trabajan en estos centros para reconducir los comportamientos de los jóvenes delincuentes. «Los resultados no son todo lo satisfactorios que quisiéramos, pero las últimas cifras de la Fiscalía General del Consejo General del Poder Judicial señalan que en el 83% de los casos tratados no ha habido reincidencia», relata este portavoz, quien carga contra el modelo social que estamos construyendo como uno de los grandes culpables. «Éste es un asunto que requiere una profunda reflexión, pero pensemos, por ejemplo, en la televisión. ¿Qué tipo de programas se les sirve en bandeja a nuestros hijos? Pues muchos de ellos tienen como base la incitación continua al sexo: una carnaza fácil de vender, fácil de consumir y que contribuye a la construcción de una sociedad moralmente enferma».

Los menores internos reciben clases de formación académica (igual que lo harían en el colegio), hacen gimnasia, pasean, se relacionan unos con otros e incluso -de forma reglada- tienen acceso a la televisión y al ordenador. «El régimen cerrado implica que carecen de contacto con el exterior; la autorización de los permisos de fin de semana o por otras circunstancias la decide la Fiscalía correspondiente a cada caso».

Acerca de la petición del Partido Popular de endurecer la Ley del Menor (lo que implicaría responsabilidad penal por debajo de los 14 años), la oficina del Defensor del Menor de Andalucía prefiere no pronunciarse.

La directora del centro de menores madrileño Virgen de África también aboga por un modelo en el que prime la reinserción antes que el castigo. «Las variables que influyen en los comportamientos delictivos son muy complejas», explica Marisa Fernández. «No suele haber un solo motivo y, por tanto, tampoco se puede aplicar una sola respuesta», asegura. «Hay chicos que necesitan, por encima de todo, el apoyo familiar; otros requieren tratamiento psicológico; también los hay con un diagnóstico que incluye tratamiento médico».

El papel del Estado

Fernández coincide con el portavoz de la oficina del Defensor del Menor de Andalucía en que no hay que señalar únicamente a quien ha cometido el delito. «El Estado invierte muchos millones de euros en educación; habrá que empezar a preguntarse si están bien invertidos y bien distribuidos».

La directora del centro de menores Virgen de África cree que la educación es uno de los pilares «básicos» de cualquier país. «Educar, en eso estamos todos de acuerdo, pero la pregunta es si los adultos estamos llevando a cabo esos valores y ese respeto que exigimos a nuestros hijos. Si ellos pudieran juzgarnos, ¿cuántos se avergonzarían de nuestro comportamiento o estilo de vida?». Marisa Fernández responsabiliza también a la prensa. «No hay más que leer los titulares para corroborarlo».