El PP se plantea denunciar al Gobierno en Europa por las filtraciones del 'Gürtel'

El PP llevará al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa su denuncia de que el Gobierno socialista está llevando a cabo una campaña de desprestigio para aniquilar a la posición a través de filtraciones premeditadas y perfectamente articuladas del 'caso Gürtel'. La publicación de una grabación de la Policía en la que Álvaro Pérez asegura haber regalado un bolso Louis Vouitton a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha provocado un cierre de filas total en la dirección del partido que zanja las divisiones internas de las últimas semanas por la resistencia del tesorero a dejar su cargo. La defensa de la alcaldesa más popular del PP es sólo el punto de partida de una serie de iniciativas que ha puesto en marcha Mariano Rajoy para lograr que cesen las filtraciones de las actuaciones policiales.

«Vienen a por nosotros. Nos quieren liquidar», declaró un destacado miembro del comité de dirección para explicar la indignada reacción de su partido a las últimas informaciones sobre el 'caso Gürtel'. El equipo de Rajoy, en su habitual reunión de los lunes, ratificó el comunicado oficial difundido el domingo, en el que se acusaba al Gobierno de buscar la desaparición del PP aprovechándose de la investigación judicial del entramado corrupto de Francisco Correa. Los populares están dispuestos a llegar hasta donde haga falta para frenar a los socialistas, incluido el desprestigio internacional del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, la denuncia de los regalos a los ministros, al presidente del Gobierno, su esposa o representantes de otras instituciones del Estado.

La secretaria general del partido, Dolores Cospedal, explicó que el PP presentará una denuncia en los tribunales para que sea la autoridad judicial la que determine el origen de esa «campaña programada de ataque al PP y a sus cargos» desarrollada de forma «sistemática y planificada» a base de filtraciones policiales no judicializadas. También indicó que el grupo parlamentario popular llevará al Congreso a los ministros de Justicia e Interior, Francisco Caamaño y Alfredo Pérez Rubalcaba, para que rindan cuentas de su responsabilidad en la custodia del secreto sumarial de las actuaciones del 'caso Gürtel'. «Lo que no podemos consentir es que se utilice a las instituciones para hacer daño al PP», declaró.

Aunque la dirección popular apunta a la Fiscalía y el Ministerio del Interior, Cospedal dejó a salvo a los funcionarios de la Policía. Sólo acusó a quienes tienen capacidad para hacer escuchas telefónicas, con autorización judicial, y «después las utilizan políticamente haciendo daño al honor de las personas y a un partido».

El PP preguntará a Rubalcaba sobre el origen de las filtraciones, le pedirá que determine las responsabilidades a que hubiera lugar y que explique cómo va a impedir que se repitan. Asimismo preocupados por la publicidad que se ha dado a algunos informes de la trama de corrupción, los sindicatos mayoritarios de la policía han exigido que se investiguen las fugas de información. El Sindicato Unificado de la Policía reclama a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial que actúen contra estas informaciones que, «aún en el supuesto de ser veraces, desvirtúan la presunción de inocencia y atentan contra el normal funcionamiento de la Justicia». La Confederación Española de Policía pidió al Ministerio del Interior que ponga fin a las filtraciones porque «perjudican el trabajo y la imagen de la Policía y crean indefensión en los afectados».

En pie de guerra

Rajoy encontró ayer un respaldo sin fisuras a su contraofensiva lanzada el domingo. «Todo el partido está en pie de guerra», explicó un dirigente territorial que asegura haber detectado el malestar entre cargos de ayuntamientos y comunidades autónomas donde también se acusa a la Fiscalía de actuar de forma partidista contra concejales y consejeros del partido opositor.

Cospedal dejó claro que la denuncia del PP se refiere a la utilización partidista del procedimiento judicial pero no entra en el contenido de las actuaciones. Indicó que no descartan ninguna medida judicial, política o jurídica contra la campaña de utilización de instituciones del Estado «para hacer daño al PP», y ello «con independencia» de las responsabilidades que tengan que asumir quienes hayan cometido delitos o incurrido en irregularidades. En concreto, sobre el caso de Luis Bárcenas, deseó que el Supremo actúe «rápidamente y las actuaciones judiciales sigan su curso».

Quienes pusieron en la picota a Rita Barberá provocaron la unanimidad perdida en el seno del PP. Por su larga trayectoria, su carácter y su desinterés por otros cargos, la alcaldesa es un símbolo en el PP y ha vuelto a demostrar que cuenta con el afecto de todos, como le demostraron sus compañeros, quienes le han brindado su apoyo.