El PP culpa al Gobierno de la filtración de los regalos a la alcaldesa valenciana

El PP culpó ayer al Gobierno, y en particular al Ministerio del Interior y la Fiscalía, de las filtraciones de los 'pinchazos' en los que uno de los jefes de la 'trama Gürtel', Álvaro Pérez 'el Bigotes', asegura que ha regalado costosos bolsos a la alcaldesa de Valencia, Rita Bárbera. En una nota de dureza extrema, la formación opositora asegura que «resulta especialmente intolerable que el Ministerio del Interior (...) sea quién esté inmerso en casos tan flagrantes de vulneración de los derechos fundamentales y de abuso perverso y abusivo de los instrumentos con los que cuenta un Estado de Derecho». Los populares llegan a denunciar una campaña para nada menos que «aniquilar» su organización «usando para ello los instrumentos del Estado».

El partido que lidera Mariano Rajoy anunció que pedirá la comparecencia en el Congreso de Alfredo Pérez Rubalcaba y del titular de Justicia, Francisco Caamaño, para explicar cómo las escuchas en las que se cita a Barberá han terminado en la prensa pese al secreto judicial. La regidora, que ha negado haber recibido cualquier dádiva del responsable de Orange Market, ha anunciado que se querellará por «calumnia con publicidad» contra los medios que la implican en el presunto soborno, una denuncia que los populares «apoyan de forma unánime y rotunda».

El partido opositor, que, en cambio, en ningún momento niega que la alcaldesa haya recibido los regalos de lujo, asegura que la filtración es parte de «una campaña sistemáticamente programada y ejecutada de ataque y desprestigio de sus cargos públicos» y que esas conversaciones «se utilizan ilegítimamente para menoscabar el honor de las personas y hacerles daño personal y político con fines claramente partidistas».

Además de culpar a Interior de estas filtraciones y de «quebrar el deber de custodia y secreto», critica al Ejecutivo sin paños calientes. «La actitud del Gobierno de la Nación y de otras instituciones del Estado, como la Fiscalía General, de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial», denuncian los populares. Según el PP, esos poderes públicos han incurrido en «graves delitos y no menos graves responsabilidades políticas» por usar en su beneficio a «funcionarios públicos» para «arrojar injustamente dudas de manera indiscriminada sobre la conducta honrada» de militantes del partido.

«En un Estado democrático de Derecho el respeto al honor de las personas y al secreto de las comunicaciones son derechos fundamentales, que están obligados a respetar, de manera especialmente cuidadosa, los servidores públicos y, en concreto, el Ministerio del Interior y la Policía Judicial de él dependiente», apostilla el escrito.

Diez millones

El PP, que recuerda que representa a diez millones de votantes, garantiza que «defenderá la dignidad de sus siglas, a sus dirigentes y militantes» en «por todos los medios a su alcance y en todas las instancias nacionales e internacionales que fuera preciso».

El diario 'El País' y la 'cadena Ser' afirman que en el sumario hay una intervención telefónica policial realizada el pasado 2 de enero de una conversación entre 'el Bigotes' y una persona de nombre 'Cándido' en la que el empresario imputado asegura que se encuentra en una tienda de la lujosa marca de moda 'Louis Vuitton', comprando un bolso a la alcaldesa, «como llevo haciendo desde hace cuatro años».

En esa conversación, Pérez recuerda que Barberá «no nos da nada, pero tampoco nos hace nada». El documento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, fechado el 23 de enero, concluye que la alcaldesa ha recibido «regalos de la empresa Orange Market desde hace cuatro años» y apunta a que los funcionarios están pendientes de conseguir las facturas de esas supuestas compras.

'El Bigotes' era el gestor de Orange Market, la empresa adjudicataria de numerosos contratos de diversas Consejerías de la Generalitat en los últimos años, entre ellos los montajes de los 'stands' de la comunidad en las ferias de turismo.

Estos medios informan de que la Federación de Municipios y Provincias, cuando estuvo bajo la presidencia de Barberá entre 1995 y 2003, encargó a Special Events, la empresa matriz de eventos de Correa, la organización de varias asambleas por un importe cercano a los 800.000 euros. Esas adjudicaciones fueron visadas por el entonces número dos de Barberá en la FEMP, Álvaro de la Cruz Gil, imputado ya en el 'caso Gürtel', quien, además, contrató en 1996 a Pablo Bárcenas, hermano del tesorero del PP, también imputado ante el Supremo en esta investigación.