Salgado quiere reorientar el ladrillo «de la burbuja a la vivienda sostenible»

El inicio del cambio de modelo está a la vuelta de la esquina. La vicepresidenta segunda y responsable de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se ha marcado como reto acelerar la Ley de Economía Sostenible (LES) para tener un primer borrador en agosto. La construcción continuará con papel relevante en el desarrollo del país. Eso sí, recalca Salgado, el ladrillo deberá cambiar para «dirigir sus recursos de manera más eficiente, no hacia las burbujas sino hacia las viviendas sostenibles».

Salvo el título de la ley, poco se sabe aún de la LES. Salgado, en declaraciones a Colpisa, aclara algunos extremos de la que será una 'hoja de ruta' para el Ejecutivo en los próximos años. Con la creación de empleo como primer objetivo, la construcción y, en especial la rehabilitación, tendrán un peso específico en la ley.

«La construcción es un sector muy intensivo en empleo», recuerda Salgado, al tiempo que apunta que el parque de viviendas es muy antiguo (hay 12 millones de pisos de más de 30 años y cerca de seis millones con más de medio siglo). Modernizar y hacer más eficientes energéticamente esas casas, afirma, «es también trabajo de la construcción». La LES, que tratará de impregnar de sostenibilidad sectores tradicionales, contendrá un apartado dedicado al turismo, una de las primeras industrias nacionales, a la que el Gobierno quiere impulsar para liberarla de viejos paradigmas y dotarla de mayor valor añadido.

Banqueros

Pero la LES necesita dinero. En concreto, un total de 20.000 millones de euros. Salgado pidió a la banca -el mismo día en que se aprobaba en el Congreso el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)- que le echara una mano y financiara al menos la mitad de ese importe.

Un mensaje que la ministra, aclara, «no es una petición de dinero, sino para que el sector otorgue créditos a proyectos de economía sostenible». Y, el llamamiento, ha tenido éxito. «Los banqueros con los que he hablado lo ven muy razonable y conveniente, pues su función no es otra que, precisamente, dar crédito», explica. Otro de los pilares del desarrollo de la Ley y del resto de planes de Elena Salgado será el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El brazo financiero del Estado, dice la ministra, «tiene hoy mucha importancia y va a tener más protagonismo». Lo que hay que hacer, reconoce, es «reforzarlo» para que pueda atender toda esa carga de trabajo que «entre todos le hemos otorgado».

Antes de que termine el mes, el Ejecutivo acometerá una reforma del ICO para «intentar facilitar su tarea haciendo más sólidas y menos dispersas sus líneas de actuación y, por otra parte, ampliando sus medios», concluye Salgado.

Junto a la LES, otro de los asuntos que marcará el verano será el de las fusiones de cajas de ahorro. Una vez aprobado el FROB, que ya ha traído los primeros movimientos de concentración, es el Banco de España el encargado de controlar el asunto. Aunque el gabinete de Economía observa muy de cerca los movimientos.

Lo más conveniente

Para la ministra, es «muy esperable que las autonomías comiencen intentado fusiones en sus territorios». De momento, así ha sido en Cataluña, Andalucía o Castilla y León. Y vendrán más.

A la pregunta de si sólo fructificarán proyectos intrarregionales y si esa práctica agravará los problemas de morosidad, exceso de oficinas o falta de solvencia que, precisamente, se trata de evitar, Salgado señala que el Gobierno no está para fomentar operaciones. «No es nuestro papel, ni siquiera el del Banco de España», afirma. «Son las propias cajas las que tienen que ver qué les conviene más». Y subraya, «hemos dejado claro que sería conveniente que no se recurra al FROB, está ahí por si hace falta, pero es mejor que las fusiones se lleven a cabo sin ayudas públicas».

Ante las reticencias de algunas autonomías, que al entenderse invadidas en sus competencias han encargado a sus juristas analizar el FROB para encontrar algún resquicio legal por donde defenderse, Elena Salgado se muestra tranquila. «Estamos seguros de la constitucionalidad de la norma y, además, el recurso de una comunidad no paralizaría su aplicación», concluye.