Consumo inspeccionará más de 70 talleres de coches para evitar estafas

La Junta se ha propuesto pasar la ITV a los talleres mecánicos de Andalucía. Y para ello ha puesto en marcha una campaña de inspecciones que afectará a más de 500 empresas del sector en toda la región. En la provincia de Cádiz se analizarán más de 70 establecimientos de reparación de vehículos, según informó ayer la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Salud, que se hará responsable de las inspecciones.

La campaña tiene como objetivo comprobar el grado de cumplimiento de la normativa que garantiza los derechos de los consumidores. Y se llevará a cabo desde el verano hasta el próximo mes de diciembre.

La iniciativa no es nueva. De hecho se hace cada año y en los últimos cuatro años ha arrojado «datos que demuestran un descenso paulatino de las infracciones y un mayor cumplimiento de las normas de protección al usuario», ya que «se ha pasado de que dos de cada tres talleres cometiese incumplimientos en 2004, a que lo hiciese sólo uno de cada cinco el año pasado».

Los inspectores dependientes de la Junta comprobarán en el transcurso de esta actuación, entre otras cosas, que los mecánicos cuentan con libros de reclamaciones y que expiden el correspondiente resguardo de depósito cuando entra un vehículo para ser revisado o reparado. Y es que, precisamente no entregarlo es una de las infracciones más usuales cometidas por los talleres de Andalucía, según dio ayer a conocer la Dirección de Consumo. En concreto, en 2008 un 15% de los locales visitados incumplía esta norma.

Igualmente, el establecimiento debe exponer de forma visible el horario de servicio al público, la garantía que ofrece en las reparaciones y la documentación acreditativa del precio de venta al público de las piezas de repuesto que se usen en las reparaciones.

Fin a la letra pequeña

La medida busca, además, eliminar la conocida «letra pequeña», con la que se oculta a los consumidores sus derechos, o impone obligaciones abusivas. Por ejemplo, los inspectores vigilarán que no se incluyan en presupuestos, facturas o cualquier tipo de documentación «cláusulas en un tamaño de letra inferior a 1,5 milímetros».

A los talleres se les exigirá además la exhibición al público, en un lugar visible y «en un tamaño de letra no inferior a 7 milímetros», los precios aplicables por hora de trabajo y por servicios concretos, incluyendo en ellos los impuestos, las cargas o los gravámenes. Todo ello debidamente desglosado, para facilitar la información al consumidor y evitar posibles fraudes. Y es que, en torno a un 12% de las infracciones que se registran se cometen en la elaboración y el pago de presupuestos.

Además, los inspectores tendrán en cuenta si el taller se pone en contacto con el usuario si han transcurrido cuatro horas sin que se haya localizado la avería, para que éste dé su conformidad por escrito para que se continúen con las operaciones necesarias para arreglar el automóvil. En caso de detectarse irregularidades en los talleres, se notificarán a los ayuntamientos o la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para que tomen medidas.