Exigible responsabilidad

La muerte Rayan por un error letal al suministrarle la alimentación ha desembocado en una controversia pública que seguramente no era evitable teniendo en cuenta las singulares y dolorosas circunstancias de este caso. Pero que sí requiere un mínimo esfuerzo de mesura, cautela y responsabilidad por parte de las instituciones y de los organismos profesionales que están o se sienten concernidos por lo ocurrido en el Gregorio Marañón, especialmente cuando hay dos investigaciones esenciales en curso: por una parte, la emprendida por un juzgado de Madrid para tratar de determinar si la negligencia atribuida a la enfermera se encuadra en el delito de imprudencia profesional; y, por otra, la administrativa iniciada por la Comunidad

Es posible que ese derecho se viera mermado, como acusan entre otros el Consejo General de Enfermería, por la intervención del gerente del hospital cuando achacó la muerte de Rayan a un «terrorífico error profesional». Pero resulta difícilmente cuestionable que el fallecimiento de Ryan no se debiera a una negligencia. Cuestión distinta es si sólo cabe culpar de la misma a la enfermera o si las responsabilidades pueden extenderse a aspectos puntuales como una deficiente supervisión y organización en el centro hospitalario o a defectos y carencias estructurales más graves. La enmienda de totalidad que efectuó ayer el Consejo de Enfermería sobre el funcionamiento del sistema de salud público resulta desmedida toda vez que ha vuelto a ser un caso luctuoso el que ha disparado alarmas que no se habían encendido antes; y aun cuando las denuncias formuladas sobre la precariedad laboral que sufren las enfermeras o sobre su asignación aleatoria a tareas que requieren de una cualificación especial merezcan ser atendidas, al igual que la petición para que se perfeccione la seguridad del paciente. Pero la defensa de una investigación rigurosa y de los derechos de la enfermera deberían evitar formulaciones que inviten a pensar en un gremialismo que sería inaceptable.