Aifos pierde el bloque uno de Cala del Sol y un afectado se queda con los 208 pisos

De pedir en Cáritas a ser el dueño de un total de 208 viviendas y 160 garajes. Parece el resumen de un cuento de hadas, aunque se trata de la realidad. Benito González fue el primer afectado de la promoción de viviendas Cala del Sol, construida por la empresa Aifos (investigada por el caso Malaya), que decidió denunciar por incumplimiento de contrato. Fue el primero que decidió realizar un embargo sobre el bloque uno para asegurar el pago de una vivienda que nunca estrenó y el primero que se aventuró a sacar el bloque a subasta pública tras la autorización del Juzgado de Instrucción Número 3 de San Fernando.

La subasta tuvo lugar ayer en los juzgados de la plaza de San José y nadie realizó ninguna oferta por el inmueble. Por ello, el abogado de González, José Antonio Gamero, no dudó en solicitar que la propiedad pasara a ser de su defendido con la posibilidad de realizar una cesión, siendo aprobado por la jueza instructora, que le dio 20 días hábiles para que realice el traspaso del inmueble o bien para que afronte las deudas que pesan sobre el mismo y que ascienden a unos 26 millones de euros, pertenecientes a las hipotecas pendientes de la entidad bancaria que financió la actuación.

De esta manera, González le arrebata la promoción a Aifos, aunque su suerte poco ha cambiado ya que es insolvente para afrontar tal cantidad de dinero y la única posible solución es que venga una empresa interesada en compara una edificación, a la que le quedan tres meses de obra por un módico precio, unos 80.000 euros, cifra que demanda González para poder hacer frente a sus deudas.

Negocio

Lo cierto es que la decisión de González ha permitido quitar de en medio a Aifos, y de un plumazo ha borrado los otros 18 embargos que existían sobre el edificio, una de las condiciones que exigía el banco (Banesto en este caso) para desbloquear la contratación de las hipotecas por parte de los propietarios.

De hecho, la opción más factible es que le banco negocie con González la cesión del bloque y luego pacte con el resto de afectados, que pretenden crear una cooperativa para hacer frente a los gastos que quedan para la finalización de las viviendas.

Según ha podido saber LA VOZ, la intención de la entidad bancaria es la de sumar unos 30.000 euros al precio final de las viviendas, que rondan los 150.000 euros, en concepto de obra, para conseguir reiniciar los trabajos en un edificio al que le quedan tan sólo unos meses para culminar y poder ser entregados.

Una vez que salió de la subasta y siendo nuevo propietario de la edificación, González manifestó «que tras dos años de duro trabajo, hemos conseguido lo que pretendíamos y es hacerle a una promotora lo que nos hacen a nosotros cuando no pagamos, que no es otra cosa que quitarnos nuestras posesiones. He pasado muchos problemas y los sigo pasando, aunque al menos por unos días podré decir que soy dueño de todo un bloque de pisos».

El abogado de González, José Antonio Gamero, asegura que «es evidente que Benito no se va a quedar con todo el bloque porque no es un promotor, pero al menos hemos dado el primer paso y hemos hecho algo que no se ha dado en ningún otro sitio de España, al menos que sepamos. Ahora toca esperar a ver si podemos llegar a una solución conveniente para todos los afectados».