Camps insiste en que pagó los trajes en metálico y no se plantea dimitir

Francisco Camps dejó ayer claro que en sus planes no entra la dimisión por su imputación en el caso Gürtel. El presidente de la Comunidad Valenciana se mostró seguro de poder agotar la legislatura que concluye en 2011.

Camps, acompañado por el ministro de Fomento, José Blanco, participó en la presentación del plan de infraestructuras para la comunidad y sorteó una y otra vez las preguntas sobre su implicación en la trama de corrupción en su primera comparecencia pública con preguntas desde el pasado mes de abril. Rehusó responder si iba a dimitir si finalmente el juez le sentaba en el banquillo y sólo al final aclaró que pensaba asistir «como presidente de la Generalitat valenciana» a la inauguración del AVE en Valencia en 2010.

Al mismo tiempo que desglosaba los proyectos de alta velocidad, su abogado, el catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Valencia Javier Boix, presentaba en el Tribunal Superior de Justicia el recurso de apelación contra la decisión del pasado 6 de julio del instructor José Flors de sentar en el banquillo al presidente y a tres de sus colaboradores. Todos ellos están acusados de cohecho impropio por haber aceptado regalos de Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre en Valencia del jefe de la red corrupta que dirigía el empresario Francisco Correa. Según explicaron fuentes jurídicas, en su escrito Camps vuelve a pedir el archivo de la causa de los trajes. Los letrados del jefe del Ejecutivo autonómico mantienen intacta su línea de defensa: el presidente pagó al contado los trajes y no hay indicios que demuestren lo contrario. En la apelación se incide en que las únicas supuestas pruebas contra el imputado son las declaraciones del sastre José Tomás y unas facturas, que se han demostrado falsas, y que pudieron ser alteradas por el propio jefe de tienda, cuya credibilidad se vuelve a poner en entredicho.

Los asesores del presidente, explicaron responsables populares, trabajan con la única tesis de que el jefe del Gobierno autonómico no llegará a sentarse en el banquillo porque el caso será archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Los tres magistrados que componen este órgano se reunirán a partir del 23 de julio para estudiar los recursos de Francisco Camps y sus tres colaboradores contra la decisión del instructor José Flors de seguir adelante con su investigación. Y en todo caso, aunque la justicia llevara adelante todas las actuaciones, mantendría su cargo político porque está seguro de su inocencia, apostillan dirigentes del PP.

Francisco Camps, que apuró hasta el último momento para presentar su alegato, fue el último de los imputados en recurrir. Antes ya lo habían hecho los abogados del secretario general del PP valenciano y portavoz en las Cortes autonómicas, Ricardo Costa, del ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret y del ex vicepresidente del Consell Víctor Campos. Sus escritos, según estas mismas fuentes, fueron en idéntico sentido que los del presidente.

Sobreseimiento

Ninguno de los cuatro imputados estará presente hoy en la vista que se celebrará en Tribunal Superior y en las que las acusaciones (Fiscalía y socialistas valencianos) concretarán las imputaciones. Las defensas volverán a presentar alegaciones y pedirán, de nuevo, el sobreseimiento de las actuaciones. Camps, Costa, Betoret y Campos han renunciado a su derecho a asistir a este trámite, en el que estarán representados exclusivamente por sus letrados.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia, también hoy el magistrado De Flors notificará a las partes si aumenta la lista de imputados en la rama valenciana del caso Gürtel, tal y como le pidió el viernes de la pasada semana la Fiscalía.

El Ministerio Público, en su recurso de reforma, reclamó al instructor que imputara a los tres cabecillas de la trama (Correa, El Bigotes y Pablo Crespo, testaferro de ambos), pues considera que el cohecho lo cometieron tanto los dadores como los recibientes. Si imputa a Correa y los suyos, el instructor también podría endurecer el tipo penal aplicable a un cohecho más agravado.

Costa aseguró ayer estar «muy tranquilo y relajado» ante las intensas jornadas judiciales que se aproximan y aprovechó para defender la «transparencia y rigor» de la Generalitat en las adjudicaciones del Gran Premio de Fórmula 1, también bajo sospecha.