La rebaja de cuotas empresariales frena el diálogo social entre patronal y sindicatos

La rebaja de cuotas empresariales a la Seguridad Social es el principal escollo para el acuerdo en el diálogo social (foro de debate y negociación entre Gobierno, patronales y sindicatos), pacto que, por otro lado, nadie descarta, al menos aparentemente. El presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán -el interlocutor más interesado en la reducción-, recordó que su petición es de cinco puntos, pero añadió que se trata de una propuesta «flexible». CC OO lanzó la voz de alarma y alertó de que la Seguridad Social incurriría en déficit en 2011 si ahora disminuyen dos puntos las cotizaciones. Más contemporizador fue el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien desde Santander abogó por hacer «todo lo que se pueda» para ayudar a las empresas, a la vez que señaló que «el Gobierno nunca adoptará una medida que ponga en riesgo la Seguridad Social».

Díaz Ferrán rechazó desvelar qué rebaja mínima estaría dispuesta a aceptar CEOE porque «es un tema que está sobre la mesa y del que seguiremos hablando en los próximos días y futuras reuniones». «Nosotros lo que necesitamos es tener cinco puntos menos como el resto de las empresas en Europa y ahí estamos», aunque «la hoja de ruta es flexible», explicó. A su juicio, «el diálogo social sigue en un momento adecuado» y «jamás ha estado en peligro». «Nosotros no nos vamos a levantar nunca de la mesa de negociación. Queremos llegar a un consenso», dijo en la sede de 'El Economista' momentos antes de presentar el informe 'La Libertad Económica en el Mundo'.

Mientras tanto, la dirección de CC OO difundió un comunicado en el que reiteraba su rechazo «a una medida que podría asestar un duro golpe a la viabilidad futura del sistema público», en alusión a la posible rebaja de dos puntos de las cotizaciones empresariales. Para la central, el diálogo social tendrá que «avanzar sensiblemente en su redacción y propuesta para que merezca la aprobación sindical».

Otro punto del proceso en el que no se detecta coincidencia es cuándo se tiene que dar por concluida la negociación. Corbacho defendió «acelerar al máximo» los esfuerzos para cerrar el acuerdo lo antes posible. Al Gobierno le urge el entendimiento. La semana que viene, el presidente Rodríguez Zapatero va al Congreso de los Diputados para hablar de economía y empleo y sería un buen respaldo llevar, junto a la financiación autonómica, un pacto social.

Los sindicatos también apuestan por terminar el proceso en julio. Además, alargar la negociación no aseguraría el acuerdo. Tienen la experiencia de que este año prolongaron demasiado las conversaciones sobre el pacto-guía para los convenios colectivos de 2009 y, pese a ello, CEOE no firmó nada. CC OO dejó muy claro que «agosto es un mes inhábil». Pero Díaz Ferrán rehusó ayer hablar de tiempos. «Es mucho más importante llegar al acuerdo y al consenso que los plazos. Nosotros rechazamos los plazos y las líneas rojas», insistió.

Así las cosas, todo indica que los contactos secretos a tres y a dos bandas continuarán estos días. La próxima reunión oficial está prevista para mañana. En ella, el Gobierno escenificará nuevas mejoras sobre la oferta presentada el pasado lunes a empresarios y sindicatos. La mayor novedad que recogía esa propuesta era la extensión, de seis meses a un año, de la ayuda de 420 euros al mes para los parados que hubieran agotado su cobertura de desempleo, siempre que la actividad económica y el empleo lo aconsejen.

El último escrito del Ejecutivo también amplía el colectivo de parados beneficiados en relación con anteriores ofertas. Incluye entre los perceptores de los 420 euros a los desocupados que «se encuentren en situación económica de necesidad». Y dedica especial atención a los jóvenes que lleven 12 meses sin trabajar, para quienes plantea la conveniencia de programas públicos de empleo-formación que aumenten sus posibilidades laborales.

Las medidas destinadas a los empresarios comprenden la reducción de cotizaciones, si bien se especifica que es un asunto «pendiente»; impulsos para la creación y el mantenimiento del empleo en las pequeñas y medianas sociedades; el compromiso de mejora del funcionamiento de las líneas ICO-Liquidez; e intensificar la inversión pública en infraestructuras y vivienda para 2010. Otros capítulos se refieren a la modernización de las instituciones del mercado de trabajo y a establecer los mimbres para conseguir un modelo productivo sostenible que resista el evite de crisis como la actual.