Un pleito contra un propietario destapa un conjunto de chalés ilegales en Conil

Un desacuerdo económico entre un promotor particular y el contratista encargado de edificarle un chalé ha terminado en una investigación más amplia que ha afectado a un conjunto de propietarios del extrarradio de Conil, que ahora están imputados por delitos contra la ordenación del territorio.

La Policía Autonómica daba a conocer ayer el final de unas pesquisas iniciadas, por orden de la Fiscalía de Medio Ambiente, en torno a una parcela situada en un paraje de nombre Quinta de las Pamplinas. Allí descubrieron que el terreno había sido dividido en diez parcelas, mediante muros de obras y vallas metálicas. Ocho chalés están en construcción y en otras dos parcelas no se había ejecutado aún trabajo alguno.

El delegado municipal de Urbanismo de Conil, Francisco Alba, explicaba ayer a este medio la intrahistoria de este asunto, que no está relacionado con tramas urbanísticas y sólo afecta a particulares que decidieron construir por su cuenta y riesgo en un terreno declarado no urbanizable, de especial protección y de interés agrícola.

La finca originaria, de unos 10.000 metros cuadrados, «era propiedad de una persona que tenía dificultades para venderla por su amplia extensión». Hace unos ocho años decidió abrir participaciones que fueron comprando otros vecinos. Las indagaciones policiales señalan que algunas participaciones fueron revendidas a terceras personas. Cada nuevo dueño fue delimitando su propiedad con vallas. «Algunos decidieron asumir el riesgo y construir. En cambio, otros no hicieron nada». Pero la situación pasó a manos judiciales cuando el contratista que estaba ejecutando una de las viviendas llevó a juicio al promotor por impago. Según confirmó el propio edil responsable de Urbanismo, la sentencia le dio la razón al jefe de obra, quien solicitó, como alternativa al dinero adeudado, que le entregaran la vivienda. Pero al ser una edificación ilegal no hay papeles de por medio. El juez informó a la Fiscalía de Medio Ambiente, quien derivó el asunto a la Policía Autonómica quien ha terminado imputado a todos los propietarios de las parcelas. «Hay que ser contundentes contra este tipo de delitos, pero también hay que diferenciar entre el especulador profesional y el particular que vende participaciones, dentro de la legalidad, para dar salida a un terreno, y que ahora tiene que asumir las consecuencias de las obras que otros ejecutan», dijo el concejal Francisco Alba.

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