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El Defensor del Pueblo apoya la elaboración de un informe sobre urbanismo en el Parque

Ecologistas en Acción lleva tres años solicitando que se haga un estudio detallado sobre la situación de la Sierra de Grazalema

A. ROMERO
| UBRIQUEActualizado:

Ecologistas en Acción (EA) ha encontrado apoyo en el Defensor del Pueblo Andaluz en su solicitud de que la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Grazalema elabore un informe sobre la situación urbanística de los municipios de este espacio protegido. Este apoyo se produce después de que la organización proteccionista presentara una queja por el «boicot que el presidente de esta Junta -Antonio Perales- y la delegada provincial de Medio Ambiente -Gema Araujo- han llevado a cabo», aseguran.

Esta propuesta fue aprobada en octubre de 2006, cuando la Junta Rectora acordó que la Comisión de Desarrollo Sostenible elaborara dicho informe. Desde entonces, el presidente «se ha negado a tratar este tema», entienden desde EA, tanto en la Comisión como en la propia Junta Rectora, lo que llevó a los representantes de Ecologistas en Acción a abandonar este órgano. Perales adujo que existían dos informes del gabinete jurídico de la Consejería que aseguraban que era ilegal constituir esta comisión de investigación, si bien se negó a facilitar dichos informes a los representantes de Ecologistas en Acción.

Esta queja se ha tramitado en el último año y finalmente Ecologistas en Acción ha recibido una resolución en la que el propio José Chamizo da la razón a esta organización. En concreto, apunta que la Junta Rectora tiene encomendadas funciones de control y vigilancia; debe velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural; puede requerir información de las actuaciones y actividades que se desarrollen en el Parque Natural que estén relacionadas con la gestión y conservación del espacio, y, en general, puede realizar cuantas gestiones estimen positivas y necesarias para Parque Natural Sierra de Grazalema.

Además, en dicha resolución también se apoya la legalidad de la constitución de Comisiones o Grupos de Trabajo necesarios para el estudio y evaluación de temas especializados y considera que el presidente tenía que haber tratado en la Junta Rectora la propuesta de EA sobre los objetivos, contenido y metodología de la elaboración del informe urbanístico.

Desarrollo Sostenible

Por último, Ecologistas en Acción destaca, entre otras cuestiones, que esta resolución que han recibido «desenmascara las argucias esgrimidas en los supuestos informes jurídicos de la Consejería para justificar una supuesta ilegalidad del informe, entre ellas que EA pretendía que la Junta Rectora realizara funciones de policía». Chamizo deja claro que «no puede más que mostrar su desacuerdo» con esta afirmación recogida en el citado informe de Medio Ambiente.