Los expropiados del tranvía no dejarán sus casas hasta cobrar toda la indemnización

Cuando el conflicto que se generó entre la Delegación provincial de Obras Públicas y los vecinos de Montañeses parecía haberse solucionado, tras llegar a un acuerdo por las expropiaciones de los aproximadamente 20 inmuebles de la zona, el inminente derribo de las viviendas ha vuelto a distanciar a las partes. El problema surge porque la mayoría de afectados no han cobrado aún la totalidad de las indemnizaciones pactadas y sólo tienen en sus cuentas el depósito previo de acuerdo a las primeras tasaciones realizadas por el organismo de la Junta de Andalucía.

Esto quiere decir que los residentes de la zona sólo cuentan con unas cantidades que rondan entre los 9.000 y los 50.000 euros para comenzar una nueva vida, cuando las cantidades totales pactadas van de los 50.000 a los 250.000 euros según el caso. A los afectados, las cifras del pago previo les parecen insuficientes para buscarse nuevos domicilios y locales en donde continuar con su vida. Es por ello que ayer por la mañana mantuvieron una reunión con sus abogados para plantearles su negativa a abandonar los inmuebles a menos que reciban la totalidad del dinero. Además, todavía existen dos propietarios que mantienen rotas sus conversaciones con Obras Públicas, de modo que no han cerrado ningún acuerdo con el organismo público en cuanto a la futura expropiación de los inmuebles.

Derribo inminente

La situación se complica tras anunciarse desde la Junta que será después de la celebración de la Feria cuando las obras del tranvía lleguen al entorno de Venta de Vargas. De este modo, lo primero que se pretende llevar a cabo es el derribo de las viviendas expropiadas recientemente tras un largo periodo de negociación. Un anuncio que ha inquietado a los afectados, ya que se ven en la calle sin el dinero suficiente para rehacer sus vidas.

A pesar de ello, son varios los negocios que han realizado un traslado a nuevos locales con la intención de conseguir lo antes posible una nueva cartera de clientes. Una mudanza que han realizado aunque, según aseguran, no están satisfechos con las indemnizaciones ofrecidas por la Junta, que aceptaron para iniciar lo antes posible su actividad en otro local para evitar pérdidas.

Los vecinos, a pesar de aceptar las cantidades, han recalcado que no entienden la razón de derribar los inmuebles, y consideran que en la zona existe el suficiente espacio para que transite tanto los coches como el tranvía.

La única fórmula que se les ocurre para no perder sus posesiones en una semana es la de permanecer en los edificios en el caso de que las máquinas se presenten el próximo lunes. Tal y como expone Javier Bey, que se ha convertido en portavoz de los afectados, «no nos queda otro remedio porque nos están atropellando. Primero no nos querían dar lo que valen nuestros negocios y domicilios, llegamos a un acuerdo y ahora pretenden que nos marchemos sin haber cobrado el dinero suficiente para poder hacerlo. No estamos dispuestos a pasar por ahí y aguantaremos lo que haga falta».