Imputadas diez personas por presuntos delitos urbanísticos en Conil

Agentes de la Jefatura Provincial de Cádiz del Area de Investigación de Delitos Urbanísticos de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía dieron por culminada la investigación sobre presuntos delitos sobre la ordenación del territorio y otras infracciones penales cometidas en Conil, por lo que han sido imputadas diez personas.

Según señaló la Junta en un comunicado, la investigación fue encomendada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de ella han resultado imputadas diez personas entre promotores y constructores de ocho viviendas de tipo unifamiliar.

Tras haber sido encomendada la investigación e instrucción del correspondiente atestado, las investigaciones comenzaron en el pago conocido como Quinta de las Pamplinas, Camino de la Vigía, Carril de los Amarguillos, en el término municipal de Conil en donde una finca había sido dividida en diez parcelas y separadas con muros de obra y mallas metálicas.

En algunas de las parcelas existen viviendas aparentemente terminadas, otras en obras y otras sin ningún tipo de construcción. Estas edificaciones se realizaron en suelo clasificado como suelo no urbanizable de especial protección de interés agrícola, es decir, suelo rústico en el que se precisa licencia municipal de obras, con la particularidad de que ninguna de ellas la poseía.

Del mismo modo, se concluyó que algunas de las divisiones fueron a su vez subdivididas y otras revendidas incumpliendo la normativa de ordenación urbanística de Andalucía.

Dado que los hechos suponían una infracción administrativa urbanística, los agentes de la Policía recabaron los informes del Ayuntamiento y pudieron determinar que en todas se había incoado expediente sancionador, si bien ninguno había sido concluido.

Como elemento probatorio se realizó el cotejo de las ortofotografías de los años 2004, 2005 y 2007, correspondientes a las parcelas investigadas, cuyas imágenes fueron incluidas en el atestado policial. Una vez fueron identificados los promotores y constructores de las viviendas, se dio cuenta a la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Audiencia de Cádiz.