El instructor del Supremo ve indicios de delito contra Bárcenas y Merino

El magistrado Francisco Monterde, el instructor designado por el Tribunal Supremo para investigar a los aforados nacionales implicados en el 'caso Gürtel', acordó ayer abrir diligencias previas (causa penal) al apreciar indicios de delitos en la actuación del tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del diputado popular por Segovia Jesús Merino. La primera resolución de Monterde tras aceptar hacerse cargo del sumario ha sido pedir calma a las partes, ya que, afirma, ni siquiera tiene en su poder toda la documentación sobre las supuestas irregularidades cometidas por los parlamentarios acusados.

El juez inicia así el procedimiento abreviado por fraude fiscal y cohecho contra el tesorero y el diputado popular después de que el pasado 23 de junio la Sala de Admisión del Tribunal Supremo concluyera que había «suficientes» indicios para investigar a los dos parlamentarios. En esa misma resolución, esa sala del alto tribunal decidió, por unanimidad de sus cinco miembros, devolver al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el grueso de la investigación de la trama corrupta, incluido todo lo que afecta al todavía eurodiputado Gerardo Galeote Quecedo, al considerar que es «notorio» que no concurrió en las pasadas elecciones europea. Galeote dejará hoy oficialmente de ser parlamentario europeo.

Monterde anunció que, por el momento, no va a tomar más decisiones. En su escrito, señala que «aún está pendiente de recibir los correspondientes testimonios de actuaciones, que en su momento fueron reclamados a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid». Según apuntaron fuentes judiciales, cuando el pasado 15 de junio el instructor de la rama central del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, reclamó al Supremo que se hiciera caso de todo el sumario al haber indicios contra Bárcenas, Merino y Galeote, no envió copia de la totalidad de la causa, sino una exposición razonada centrada en los aforados y en los datos que la Agencia Tributaria había recopilado sobre los tres políticos bajo sospecha.

Y el instructor del Supremo considera que para tomar cualquier decisión sobre el futuro de Bárcenas o Merino tiene que conocer la totalidad de las diligencias policiales y judiciales realizadas por Pedreira y Baltasar Garzón (instructor primigenio) para enmarcar la actuación de los dos aforados dentro de la «generalidad de la trama».

Sin prisas

El escrito de Monterde es también respuesta a la Fiscalía, que el pasado viernes urgió al instructor para que citara a declarar a los dos aforados de manera inmediata a través de cualquiera de las dos fórmulas que en este caso la ley pone en su mano para las citaciones: enviar sendos suplicatorios al Congreso y al Senado para que le autoricen a dirigir una investigación criminal e interrogar a los dos parlamentarios, o que el tribunal autorice a ambos a prestar declaración voluntaria ante el instructor, tal y como ya han pedido el tesorero y el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Francisco Monterde exige tranquilidad a acusadores y a acusados. Argumenta que antes de atender sus peticiones de acelerar la causa debe «comprobar la suficiencia del material» que le debe enviar todavía Pedreira. En todo caso, advierte a unos y a otros de que aunque Bárcenas y Merino se acojan a su derecho de aforados para «declarar en concepto de imputados provisionales» antes de que les cite el tribunal, el instructor deberá solicitar el suplicatorio a ambas cámaras, «necesario para los casos de imputación definitiva mediante inculpación o procesamiento».

El juez del Tribunal Supremo informa en su resolución firmada ayer que, además de los parlamentarios y la Fiscalía, ha aceptado también la personación como acusación de la Abogacía del Estado. A mediados del pasado mes de junio, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ya anunció que había dado instrucciones a los servicios jurídicos del Gobierno para que reclamaran ser parte perjudicada tras conocer los informes de la Agencia Tributaria que constataban la supuesta comisión de fraude fiscal por parte del tesorero del PP y otros imputados en la trama de corruptelas que salpica a la formación conservadora. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción detectó que el senador Bárcenas cuadriplicó su patrimonio entre 1997 y 2004, años en los que pudo recibir hasta 16 pagos diferentes por un valor que, según Garzón, fue de al menos 1.353.000 euros. La Agencia Tributaria le acusa de haber ocultado al fisco los siguientes pagos de Correa: 459.565 euros en 2002; 515.630 en 2003, y 72.000 en 2004.

En el caso de Merino, el Ministerio Público considera que pudo incurrir en un delito de cohecho impropio al aceptar dinero procedente de la trama corrupta por un valor mínimo de 220.000 euros.