Las comunidades del PP amenazan con votar en contra de la nueva financiación

Pegas y más pegas por parte de las comunidades gobernadas por el PP y un «sí», no en todos los casos rotundo, de las gobernadas por los socialistas. La propuesta de financiación acordada por el Gobierno provocó ayer, como era de prever, una división en dos bloques. Nada de esto pone en peligro el nuevo sistema, que sin duda saldrá adelante mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque basta con el apoyo de una sola autonomía. Hasta los populares asumen que, cuando llegue el momento de la ratificación bilateral (cada una de las comunidades autónomas con el Ejecutivo), el «no» de sus regiones, además, se evaporará. Pero lo que ha empezado ahora es la batalla por la opinión pública. El principal partido de la oposición, con un dedo que apunta sobre todo a Cataluña, alega que se ha pagado un «peaje político» y se han buscado «soluciones a la carta».

José Luis Rodríguez Zapatero, con todo, se mostró ampliamente satisfecho. «Me parece relevante que el modelo, como tal, no ha sido cuestionado», subrayó el presidente del Gobierno durante una rueda de prensa junto al primer ministro griego, Kostas Karamanlis. Sí se le han criticado los modos, es decir, la deferencia mostrada hacia algunos negociadores y, en concreto, hacia un partido minoritario como Esquerra Republicana de Catalunya, sin cuyo aval el apoyo de la Generalitat quedaba en el aire. Y, sobre todo, se le ha criticado el reparto de los 11.000 millones de euros adicionales que el Estado aportará al sistema. A esto último se aferró, por ejemplo, el consejero valenciano de Economía, Gerardo Camps, quien en cierto modo coordina la estrategia de los gobiernos del PP. La suya fue una queja doblemente comparativa. Primero, porque aseguró que su comunidad recibirá 1.200 millones del montante adicional, que es la misma cifra, dijo, que se acordó en febrero, cuando la cantidad que el Gobierno tenía sobre la mesa eran 9.000 millones de euros y no los 11.000 actuales; pero, además, porque si se hace una traslación de lo que supuestamente recibirán Cataluña y Andalucía (cerca de 3.800 y 3.100 millones, según sus propios cálculos) a la Comunidad Valenciana le corresponderían 3.485 millones.

Munición para el PP

Lo cierto es que las cifras dadas por los Gobiernos catalán y andaluz no se corresponden exclusivamente con el pedazo de tarta que les tocará de los 11.000 millones de euros, pero el afán de las comunidades socialistas de vender ante sus ciudadanos que han logrado un buen acuerdo da munición a las comunidades del PP para asegurar que es injusto y discriminatorio. Zapatero alegó que Cataluña y Andalucía han hecho una estimación de los recursos adicionales que les aportará el modelo teniendo en cuenta, además de la dotación extra del Estado, la evolución de los impuestos en los próximos cuatro años y la cantidad que reciben para pagar competencias que otras comunidades no tienen como, en el caso de la Generalitat, seguridad y prisiones. «Hay que comparar cantidades homogéneas», reprochó.

El presidente del Gobierno aseguró que el modelo recoge todas las reclamaciones de las comunidades del PP pero añadió que, aún así, se seguirá dialogando con todos. «Ahora -añadió- hay algo que no entiendo: o están en las tesis de Montoro, que protesta porque el acuerdo aumenta el déficit, o están en las del consejero de Valencia, que pide más dinero; o hay cierta confusión de ideas o estamos ante una estrategia incoherente que consiste en decir sí y no al mismo tiempo», insistió.

Zapatero defendió además el trato dado a Cataluña con el argumento de que es «importante» que se sienta «cómoda» en este modelo de financiación porque es una comunidad que aporta mucho a la riqueza nacional.

Este tipo de planteamientos, que han guiado el modelo, habrían levantado hace apenas seis meses las iras de presidentes como el extremeño Guillermo Fernández Vara, que, no obstante, dijo sentirse ayer satisfecho porque la propuesta gubernamental no habla de comunidades que realizan un mayor «esfuerzo fiscal».

Lo que sí rechazó el presidente del Gobierno es que su gesto hacia los catalanes pretendiera garantizar su permanencia en el cargo. «El único acuerdo de financiación concebido para permitir a un presidente ser presidente fue el que firmaron José María Aznar y Jordi Pujol en el Hotel Majestic», dijo en referencia triunfal al acuerdo de investidura suscrito por el PP y CiU en 1996.