Solución limitada

El encauzamiento del acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica permitirá al Gobierno, salvo imprevisto, ver aprobada su propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para este miércoles, la fecha límite fijada por el presidente Rodríguez Zapatero. La evidencia de que los principales escollos se han removido una vez logrado el consenso con Andalucía, pero singularmente con el Gobierno de Cataluña y, dentro de él, logrando la aquiescencia de Esquerra Republicana, introduce un motivo de agravio para el resto de las autonomías del régimen común (todas salvo el País Vasco y Navarra). Agravio no sólo porque la solución bilateral haya acabado condicionando la general a partir de los criterios establecidos en el Estatut, aún pendiente de que el Constitucional se pronuncie sobre su ajuste de legalidad. También porque fuera un partido, ERC, el que revelara los 3.855 millones que consolidará Cataluña en el cuarto año de aplicación del modelo, mientras el resto de las comunidades trataba de evaluar, tras la inconcreta comparecencia de la vicepresidenta Salgado, la cantidad que les corresponderá en el reparto de los 11.000 millones adicionales que movilizará el Ejecutivo para satisfacer los intereses en juego.

La ampliación de la cuantía prevista inicialmente resultaba poco menos que inevitable para tratar de cuadrar un modelo que ha dado preeminencia lógica al criterio de la población para distribuir los recursos; pero que, al tiempo, lo ha modulado con un catálogo de necesidades singulares tan amplio que, finalmente, sólo cabía darles respuesta a través de una compensación económica al alza. La satisfacción con que las dos grandes autonomías socialistas y parte de las demás han recibido la propuesta final del Gobierno subraya hasta qué punto la disposición de más recursos y la mejoría obtenida con respecto a la situación precedente supeditará la evaluación rigurosa sobre la homogeneidad y eficacia del conjunto del modelo. Una evaluación de parte que afecta también a las autonomías del PP, que difícilmente podrían desmarcarse del acuerdo duramente criticado ayer por la dirección del partido no sólo porque criterios como el de la población o el de la mayor adecuación a la capacidad recaudatoria y de desarrollo económico pueda beneficiar a comunidades como Valencia o Madrid; también por la insoslayable necesidad de hacer frente al desplome en los ingresos provocado por la crisis. El nuevo sistema recorta las diferencias en la distribución de los fondos ‘per capita’ asignados para cubrir los servicios comunes esenciales, pero sólo parcialmente. Junto a ello, y aunque limita al 75% la aportación de las comunidades a la ‘bolsa común’, establece mecanismos de equilibrio para asegurar la equidad y la cohesión. Sin embargo, y a expensas del cierre definitivo del modelo, la propia crisis cuestiona que el sistema vaya a garantizar la suficiencia territorial y la estabilidad, así como el margen de actuación de un Estado que verá severamente incrementados el déficit y la deuda.