«Si hay colaboración entre las administraciones, las medidas contra el fraude son efectivas»

Blanca Alcántara ha tomado las riendas de la Delegación provincial de Educación con una clara apuesta por hacer frente a los principales problemas generados durante el proceso de escolarización, donde el fraude ha centrado todos los focos de atención. Además, se marca como objetivo iniciar el curso escolar con el menor número de incidencias posibles, para lo cual trabaja día a día en un sinfín de reuniones.

-Ha vivido la docencia como profesora de Secundaria, ¿se ve muy diferente la enseñanza desde la política?

-No sólo he sido profesora de Secundaria. He trabajado también en colegios o en centros de adultos, pero la labor en la que, por tiempo, he tenido mayor dedicación es la política. Evidentemente, la práctica docente y la gestión educativa son muy distintas, pero siempre ayuda el haber tenido un contacto con el medio que, por otra parte, nunca he perdido.

-¿Cuáles van a ser las actuaciones más urgentes de cara al próximo curso?

-Yo diría que todas aquellas que vayan encaminadas a un inicio de curso con el menor número de incidencias posibles, aún dentro de la complejidad que ello conlleva por el número de centros, de profesores y de alumnos que movilizamos. Pero todo se encuentra razonablemente planificado y sólo va ser necesario centrarse en algunos puntos concretos. Ya después, una vez echado a andar el curso, será el momento de poner en marcha las nuevas políticas que se impulsen tanto desde la Consejería como desde la propia presidencia de la Junta.

-El fraude ha sido el principal problema de la escolarización, ¿Se van a poner en marcha medidas más efectivas para acabar con estas acciones?

-Yo entiendo que la metodología que se lleva en la actualidad, además de someterse a la legalidad, es razonable y adecuada, en cuanto se trata de que nos impliquemos las administraciones a las que nos afecta, como son las delegaciones de la Consejería, en cuanto son responsables de la escolarización, y los municipios, que son los responsables del padrón municipal, que es donde se cometen la mayoría de los fraudes. Si cada institución cumple con su parte, si hay una colaboración real, las medidas serán efectivas. Pero si se da el fenómeno contrario sí que habría que pensarse otras.

-Si las investigaciones que ha realizado la Policía Local de Cádiz en las que se han detectado numerosos casos de domicilios falsos no prueban la culpabilidad de estas familias, ¿cuál es la vía que hay que seguir para destapar estos casos?

-Afirma usted algo que, al menos desde esta delegación, no se ha dicho. Nosotros no nos hemos pronunciado sobre el hecho de si esos informes prueban o no nada. Se ha dicho que sólo aportan indicios, y conforme a ellos, vamos a actuar con un procedimiento garantista, que es a lo que estamos obligados.

-El hecho de que todos los casos denunciados en la capital correspondan a tres centros en concreto, ¿significa que los colegios no están haciendo bien su trabajo?

-Una valoración de ese tipo sólo se puede hacer al final del proceso. Ahora mismo, sería muy arriesgado porque aún no hay nada probado.

-El colegio San Felipe Neri ha renunciado a la vía judicial para reclamar la cuarta unidad de Educación Infantil, ¿cree que ahora desde el diálogo puede abrirse alguna puerta a la ampliación del concierto?

-Que yo sepa, el diálogo nunca ha estado cerrado. Y la ampliación de los conciertos es algo que decide la Consejería en función de las necesidades de escolarización. Eso creo que también se ha dicho de manera suficiente. Al menos es lo que pude leer en su momento.

-Hasta ahora la justicia ha dado la razón, con medidas cautelares, a los padres que han reclamado su derecho a elegir centro, ¿puede llevar esta tendencia al cambio del modelo educativo?

-Eso habría que puntualizarlo. No se puede decir «hasta ahora». Más bien es que, el pasado año, y en virtud de una doctrina concreta del TSJA, se concedieron un determinado número de medidas cautelares, de forma muy concreta, además, en la capital. Pero eso no sucedía antes y pudiera que no vuelva a suceder en cuanto la doctrina del alto tribunal puede cambiar. Por todo ello, comprenderá que no me pronuncie en lo concerniente al cambio de modelo educativo. Pero pienso que eso no sucederá. Son los gobiernos, elegidos democráticamente, los responsables de gestionar un asunto público como es la educación.

-Si la justicia da la razón a Educación en los casos de los alumnos que entraron por orden judicial en varios colegios, ¿obligará a los alumnos a abandonar los centros aunque haya comenzado el curso?

-Todo el mundo sabe que Educación, como hizo en el caso de las medidas cautelares, esta obligada a garantizar el cumplimiento de un dictamen o una sentencia judicial. Eso fue lo que Educación hizo el año pasado con las medidas cautelares, lo que acaba de hacer en el caso de una sentencia en Jerez, y lo que hará en el hipotético caso que me indica: cumplir con la sentencia, que es a lo que estamos obligados.

-Usted que procede precisamente de la Delegación provincial de Justicia, ¿Qué le parece que los padres y los centros acusan a la justicia para denunciar estos casos? -El recurso a los tribunales de Justicia es un derecho que asiste a los ciudadanos y que es posterior a la vía administrativa.

-Según datos de la Consejería, Cádiz era la provincia con mayor índice de absentismo en el profesorado de toda Andalucía, ¿a qué se debe esta situación?

-Sí, es cierto que cuando la Consejería facilitó esa información, Cádiz estaba a la cabeza, pero no tiene por qué estarlo ahora. Pudo ser un hecho puntual o accidental. Según los datos que me ha facilitado el Servicio de Recursos Humanos a mi llegada, no existe en este momento cifras de absentismo que nos hagan estar por encima de otras provincias. Por otra parte, la mayor causa de absentismo reside en las bajas por enfermedad y, sobre ellas, se ejerce el protocolo que marca la normativa. En cualquier caso, no me gustaría que ese dato, que como digo puede ser circunstancial, arrojase la menor sombra de duda sobre la profesionalidad de una clase docente que es, en casi la totalidad de los casos, absolutamente responsable con su labor.

-También es la que cuenta con menos plazas de guarderías por alumno con un porcentaje de una vacante por cada ocho niños...

-Una vacante por cada ocho niños, pero no una vacante por cada ocho solicitudes. Eso es algo que hay que aclarar. Porque se trata de un servicio que se oferta en una etapa que no es, además, obligatoria. Sin embargo, con el decreto de 12 de mayo se le ha otorgado un nuevo rango y consideración. Va a ser una etapa educativa y se van a realizar los esfuerzos necesarios para su universalización en el horizonte de los tres próximos años. Es un esfuerzo similar al que se realizó hace unos años con la escolarización del tramo de tres años de la Educación Infantil. El objetivo que la Consejería se ha propuesto en el horizonte de 2012 son unas 100.000 plazas en Andalucía.