Puzzle sin ajustar

L a carrera del Gobierno para cerrar el nuevo modelo de financiación autónomica antes del próximo miércoles, 15 de julio y última fecha fijada por el presidente Rodríguez Zapatero, está evidenciando no ya las dificultades para pactar un sistema que realmente pueda satisfacer los intereses no coincidentes de las comunidades del régimen común. Está anticipando los lastres que puede arrastrar consigo una negociación, incluso si se alcanza una solución, por efecto de su perpetuación y de un planteamiento que ha tratado de combinar la respuesta a las exigencias de Cataluña con la inclinación presidencial a aceptar las demandas singulares del resto de las autonomías. Esta estrategia supondría, en la práctica, alumbrar un modelo en el que la suma de todas las reivindicaciones en juego requeriría una movilización de recursos públicos superior a la disponible para el conjunto. Ese modo de plantear los contactos resultaba de partida inviable. Los avances logrados en las últimas horas con la Generalitat catalana y la Junta de Andalucía y el descontento avivados en los gobiernos autonómicos que se sienten perjudicados ante el nuevo reparto demuestran la imposibilidad de conciliar las distintas posturas sin cesiones que sean interpretadas en clave de reconocimiento o agravio. Algo que ha favorecido la zigzagueante actuación del Gobierno, que ayer no había concretado cuál será el modelo y cómo se distribuirían unos recursos cifrados entre 9.000 y 12.000 millones de euros.

La necesidad de asegurar los principios de igualdad y solidaridad y de acortar las distancias en la asignación per cápita de los fondos, en función de en qué territorio se resida, sitúa necesariamente como principal criterio para la nueva financiación el referido a la población y su incremento. Pero si esta evidencia conllevaba una modulación de sus demandas por aquellas autonomías menos pobladas, tampoco podía redundar en una preeminencia del pacto con Cataluña y menos si ésta blandía la literalidad del Estatut, pendiente del recurso ante el Constitucional, como un listón insalvable. La mayor flexibilidad en las posiciones que sugiere el acercamiento entre el Gobierno y la Generalitat no debería quedar condicionada ahora al maximalismo de Esquerra Republicana. La superposición de intereses partidistas a los institucionales complejiza hasta el límite un acuerdo que nacería lastrado si una parte de las autonomías sólo se aviniera a aceptarlo ante el desplome de sus recursos a causa de la crisis.