El Gobierno trata de cerrar los últimos flecos del acuerdo

El Gobierno se cuidó ayer de caer en la euforia por el acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica. José Luis Rodríguez Zapatero se limitó a decir que el pacto «está muy cerca» y María Teresa Fernández de la Vega, que «está al alcance de la mano». Nada de lanzar las campanas al vuelo tras el pacto con Cataluña y Andalucía, y mucho menos tras la reacción que ha generado entre los territorios que no verán satisfechas sus demandas financieras por su menor peso demográfico.

Cautela a la vista de algunas respuestas ante la filtración del acuerdo con la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía. Así lo ordenó La Moncloa y, disciplinados, así actuaron el presidente y la vicepresidenta primera. Desde la localidad italiana de L'Aquila, donde participa en la cumbre del G-8, Zapatero señaló que las negociaciones se encuentran en «la recta final» y confió en que todas las comunidades salgan satisfechas pues todas «van a ganar».

Apeló a que «el color político» no condicione el pacto, un llamamiento dirigido a las autonomías gobernadas por el PP, las más críticas con los términos conocidos del acuerdo con Cataluña y Andalucía, territorios que, según reconoció Zapatero, tendrán «bastantes más recursos» que con el anterior sistema. El jefe del Ejecutivo explicó que la fórmula ofrecida busca, por un lado, que las comunidades tengan más recursos y, por otra, que sea más equitativo en lo que respecta a financiación per cápita y a igualdad en la prestación de servicios.

No dio detalles del nuevo modelo, pero puso en ejemplo para explicar por qué unos tendrán más que otros: «Unas comunidades han aumentado su población en 1,2 millones de personas en los últimos diez años», en referencia a Cataluña, Andalucía y Madrid, pero otras han ganado apenas 40.000 habitantes y «algunas no han crecido», una alusión a algunas comunidades del llamado 'frente del noroeste'. Por tanto, concluyó, es lógico que las que más han crecido dispongan de más dinero.

Reuniones

Fernández de la Vega fue en la misma línea tras el Consejo de Ministros, si bien concedió que «es lógico» que las que vean desatendidas sus reivindicaciones se quejen y lo hagan hasta «última hora» porque todas tratan de arrancar «el máximo». La vicepresidenta apuntó que sería deseable que estas quejas estuvieran inspiradas por razones financieras y no políticas y, por tanto, instó a las autonomías regidas por los populares a que primen «el interés general» por encima de «la política partidaria» y se sumen al consenso. El Gobierno, sin embargo, no se hace ilusiones y sospecha que las comunidades gobernadas por el PP, aun en el caso de las que se beneficiarán del nuevo sistema, Madrid, Comunidad Valenciana o Murcia, votarán en contra en la reunión de la próxima semana del Consejo Política Fiscal y Financiera que tiene que refrendar el modelo. Una postura que fuentes gubernamentales creen que cambiará al 'sí' en las reuniones de las comisiones mixtas porque ninguna querrá quedarse fuera del reparto de los recursos adicionales.

La moderación de la que hizo gala el Ejecutivo se contagió a Cataluña. «No está cerrado, pero está cerca», repitieron uno tras otro los miembros del Gobierno catalán al referirse al acuerdo. El presidente de la Generalitat, José Montilla, exhibió su prudencia y alertó de que «faltan flecos muy importantes». Fue una declaración de cara a la galería porque en lo que respecta a Cataluña el acuerdo sí está muy avanzado.

El consejero de Economía, Antoni Castells, tras el cara a cara de la víspera con la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, libró otra batalla con sus socios del tripartito y, al parecer, tuvo menos éxito porque Esquerra Republicana rechazó el acuerdo por «insuficiente» y convocó una reunión extraordinaria de la dirección del partido para mañana domingo.

Dinero de todos

Otra cosa fueron las reacciones en el resto de España. El presidente de la Xunta de Galicia tomó la bandera de los disconformes y exigió a las comunidades socialistas «ninguneadas», Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, que se rebelen para impedir que Cataluña se lleve «el dinero de todos». Alberto Núñez Feijóo señaló que si la Generalitat ingresa 3.000 millones de euros de la aportación gubernamental se habrá llevado el «33% de todos los fondos».

También Madrid, pese a ser de las beneficiarias, se mostró disconforme con el trato a Cataluña y su consejero de Economía, Antonio Beteta, dijo ser incapaz de «cuadrar» los números si la Generalitat se va a llevar más de la tercera parte de los recursos gubernamentales para todos.

Su homólogo valenciano, Gerardo Camps, no se quedó atrás y puntualizó que si Cataluña percibe 3.000 millones de euros adicionales, su comunidad exige 1.900 millones.