El Gobierno da casi por hecho el pacto de financiación autonómica

El Gobierno empieza a respirar en las negociaciones sobre el modelo de financiación autonómica y cree que el acuerdo está al alcance de la mano. Es tal su optimismo que el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, afirmó que el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debe refrendar el pacto «seguramente» se convocará el 14 de julio, un día antes de la fecha comprometida por José Luis Rodríguez Zapatero.

El suspense, pese a las buenas perspectivas, se mantendrá hasta el fin. Chaves anunció que las cifras definitivas del modelo serán entregadas a los consejeros de Economía el mismo día que se reúna el Consejo. Hasta entonces, explicó, podrán conocer los números aproximados. El Ministerio de Economía tenía previsto hacer llegar ayer a las comunidades estos datos. La Junta de Andalucía, sin embargo, negó haber recibido los informes, «ni cifras exactas ni aproximadas», indicaron desde el Gobierno autonómico. Otras comunidades también alegan que no conocen las cifras finales y advirtieron de que hasta que no estén en su poder no podrán dar su última palabra.

El vicepresidente tercero, dentro de este diálogo rayano en el absurdo, insistió en que las autonomías «ya saben la cantidad que les va a corresponder» con el nuevo modelo. Conocidos o no los números, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, alimentó ayer el optimismo y garantizó que está «muy cerca» el entendimiento.

Anticipó, no obstante, que habrá territorios más satisfechos que otros con el nuevo sistema porque «no tienen las mismas necesidades una comunidad donde ha crecido mucho la población que otras en las que la población está en retroceso». Algo similar dijo el día anterior la principal negociadora gubernamental, la vicepresidenta Elena Salgado, quien reconoció que «será difícil contentar a todos». La polémica, pues, está servida.

Demandas

Algunas comunidades se pusieron la venda antes de la herida. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no firmará el acuerdo si no satisface sus demandas. «No puede ser que recibamos menos» que con el modelo en vigor, es decir, el 7,1% del total. Recordó que el 27% de los emigrantes son originarios de su comunidad y la Xunta presta servicios a esta colonia, pero no recibe nada por ello. Reclamó, que esta peculiaridad sea tenida en cuenta en el reparto de los fondos. Si el criterio es que «la población sea lo que más pese» en la distribución «no estamos de acuerdo», advirtió. El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago, del PP, también se mostró disconforme con que el crecimiento demográfico sea el eje para la asignación de recursos.