El Pleno aprueba el proyecto para la recuperación de la plaza de la Pescadería

La renacimiento de la plaza de la Pescadería está un paso más cerca. El Pleno aprobó ayer las actuaciones para la recuperación de este histórico enclave situado junto al río Guadalete, que serán calificados como de interés público. Las empresas municipales Suvipuerto e Impulsa tienen encomendadas las gestiones necesarias para este fin.

Precisamente en este punto discrepó IP, el único que grupo que votó en contra, al entender que «se está descapitalizando Impulsa» y utilizando a la sociedad para «fines distintos» de los marcados por sus estatutos. El portavoz andalucista y edil de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, replicó que «esto no es descapitalizar Impulsa, la empresa está para eso». A su juicio, «si ya hay un agente implicado en la conexión de la margen derecha del río, como es Impulsa, lo lógico es que se encargue de otras actuaciones relacionadas». Por su parte, la portavoz del PP, Paticia Ybarra, consideró que ese «no era el tema de debate».

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyectos de puesta en valor de las dos márgenes del río que contemplará el PGOU. El resurgimiento de la plaza es una idea que ya estaba prevista en el Plan General de IP-PSOE. El proyecto pretende crear una zona diáfana que, entre otras cosas, permita una mejor vista del Castillo de San Marcos y el edificio de la antigua Lonja, también de gran valor patrimonial. La rescatada plaza, que vivió su mayor esplendor en el siglo XVIII pero con un origen que se remonta a los inicios del poblamiento de la ciudad, se sitúa en uno de los estribos de la pasarela que unirá ambas riberas del río, cuya construcción iniciará Impulsa el próximo otoño.

Con la antigua Cofradía de Pescadores ya derribada, queda por salvar el escollo de los bloques de viviendas que desde los años 60 se ubican entre las avenidas Bajamar y Micaela Aramburu. A finales de mayo, Suvipuerto llegó a un acuerdo con 14 de las familias afectadas para que permuten sus pisos por otros situados en la avenida de Menesteo. Ruiz reiteró en la sesión plenaria que en breve reanudará las negociaciones con los restantes vecinos. El Consistorio asumirá los costes de los actos jurídicos, como los de notaría e inscripción en el registro. El valor se ha cifrado en 12.000 euros por vivienda.

En respuesta a los temores de la oposición, tanto Ruiz como Ybarra, insistieron en que «no se van a emplear métodos coercitivos, sino la negociación». En este sentido, el alcalde, Enrique Moresco, agregó que «se ha retrasado la operación porque para nosotros es prioritario salvaguardar los derechos de los vecinos». La última salida para el equipo de Gobierno sería la expropiación, una solución que Ruiz quiere evitar a toda costa.